Tiene apenas tres semanas en el cargo de presidente y ya mostró su talante autoritario. Claudia Sheinbaum se ha empeñado en dejar claro que seguirá el camino de la inútil transformación que le impuso López Obrador. Desde su protesta ante el Congreso de la Unión, nos hizo ver que halagar al tirano y dejar patente su gratitud y lealtad ciega era más importante que festejar la llegada de la primera mujer a la Presidencia de la República Mexicana. Tuvo la osadía, en sus arengas finales, de gritar a los cuatro vientos “viva la cuarta transformación y viva México”. Nadie se había atrevido a tanto en un acto solemne, protocolario y republicano. Dijo que gobernaría para todas y todos, mas nunca se refirió a las otras fuerzas políticas, a la oposición. Como si no existieran.
Cuando lo hizo, un fin de semana en Querétaro, solo fue para precisar que ella no se reuniría con esa “chusma” y que, lo que quisieran tratar, lo hicieran en la ventanilla de Gobernación. Que ella solo dialogará con “el pueblo”. Olvida la señora que somos una república representativa (artículo 40 constitucional), lo que indica que la oposición representa a una buena parte de ese pueblo que tanto manosea. Podrá ser muy doctora y muy científica, pero de Derecho no sabe nada. Peor aún, descansa en un abogado, de apellido Zaldívar, que se convirtió de ministro de la Corte en vulgar matraquero del régimen.
Éste se empeña en asesorar, de manera torcida, a su jefa; llevándola al extremo de la comisión de delitos. El desacato en el que ha caído la presidente es más que un acto de rebeldía. Rebasa la ignorancia y pone a la nación en un punto de quiebre que podría culminar en una crisis constitucional, en un golpe de Estado de facto y en la ingobernabilidad. Si la señora no está de acuerdo en la suspensión otorgada por la jueza Nancy Juárez, que la combata por la vía jurisdiccional, no desde el púlpito de sus discursos políticos. Ella no tiene facultades para decidir qué autoridad tiene qué facultades o atribuciones.
Ella debe acatar y no atacar las resoluciones judiciales. No hacerlo, en términos del artículo 107-XVII constitucional y 262-III de la Ley de Amparo, es un delito que amerita prisión. Se equivocan ella y su coro de paleros gobernadores, citando el artículo 61-I de esta ley, pues lo que se combate, entre otras cosas, es más que el contenido de una reforma constitucional: es el proceso legislativo el que está manchado de origen y provoca que su producto, simple y sencillamente, carezca de validez. Incitar al desacato también es una conducta delictiva y entra al peligroso terreno de la rebelión. Están jugando con fuego. Que conste.
Abogado
