En las últimas semanas se ha venido intensificando el debate respecto de si la administración que tomará las riendas del poder en México el año entrante debería llevar a cabo una reforma fiscal. Naturalmente, en el posicionamiento sobre este tema pueden influir de manera importante consideraciones de tipo político, ante el temor de que la perspectiva de un incremento de los ingresos públicos como resultado de una reforma fiscal, genere el rechazo de una parte de la población y pueda influir en el resultado de las elecciones presidenciales de 2024.
En realidad, me parece que el planteamiento debería ser al revés. Lo conveniente sería que, sobre la base de una evaluación objetiva del tema, informada con insumos de expertos nacionales y de la experiencia internacional, los partidos políticos adoptaran la posición que más convenga al país. Si la conclusión fuera que la reforma fiscal es necesaria, el siguiente paso sería definir la estrategia para lograr el apoyo de la sociedad y darle así viabilidad política.
¿Cuáles son los factores que a mi juicio deben tomarse en cuenta?
El nivel del gasto público en México es excesivamente bajo. Según el Fondo Monetario Internacional, en 2022 el gasto del gobierno general de nuestro país fue de alrededor de 30% del PIB. Esta cifra se compara con un promedio de 42% del PIB para las economías avanzadas y de 34% para las emergentes y de ingreso medio de América Latina.
Con esos niveles de gasto público es difícil pensar que se podrían satisfacer las necesidades de educación, salud, infraestructura y protección del medio ambiente del país, así como contar con recursos suficientes para financiar los programas sociales requeridos por los segmentos de la población de menores recursos. La situación es incluso más complicada si se considera la necesidad de revertir los rezagos generados por la pandemia y las políticas implementadas en respuesta a esta, especialmente en las áreas de educación y salud.
El problema se agravará con el curso de los años, dado que ante el bajo nivel de los ingresos del sector público, el espacio fiscal se hará cada vez más estrecho. Por una parte, el inevitable envejecimiento de la población incrementará el gasto en pensiones. Adicionalmente, como lo muestra la experiencia de otros países, el costo de atender las enfermedades que acompañan al referido cambio demográfico se acentuará de manera importante. La carga del servicio de la deuda pública en un entorno de tasas de interés que pudieran permanecer elevadas durante un lapso prolongado, complicaría aun más la situación.
Desafortunadamente, los problemas no terminan aquí. Como nos acaban de recordar las agencias calificadoras Fitch y Moody’s hace unos días, PEMEX enfrenta una situación de alta vulnerabilidad: un débil desempeño operativo, serias deficiencias en el mantenimiento de su infraestructura y el riesgo de un continuo deterioro de sus fundamentos financieros, entre otros retos. El gobierno entrante no tendrá opción más que seguir apoyando a la empresa. El problema es que esto va a comprimir todavía más el espacio fiscal, e incluso está surgiendo la duda de si las autoridades contarán con recursos suficientes para cumplir con esta tarea.
También es importante considerar que los fondos de estabilización con los que cuenta el gobierno para hacer frente a contingencias, se ubican muy por debajo de las cifras registradas al inicio de la presente administración. Por tanto, los márgenes con los que cuentan las finanzas públicas para hacer frente a choques son muy estrechos. Aunque se han puesto en marcha acciones para atenuar este problema, la potencial competencia por financiamiento entre los fondos de estabilización y otras necesidades de gasto persiste.
¿Cuáles son las opciones para hacer frente a este conjunto de retos? ¿Una compresión adicional del gasto en algunos rubros, con los consecuentes efectos negativos sobre el crecimiento y el bienestar de la población? ¿Un incremento de la deuda, que podría poner en riesgo la estabilidad macroeconómica del país? O, lo que pareciera la opción más razonable, un aumento de los ingresos públicos.
Como ya se señaló, el gasto público en México es modesto porque los ingresos del gobierno son muy bajos. Información comparativa publicada por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ubica los ingresos por impuestos en nuestro país en 16.7% del PIB en 2021, la menor cifra entre los países de la Organización y alrededor de la mitad de los del promedio de sus países miembros (33.5%). La carga fiscal en México es baja inclusive si se compara con la de otros países latinoamericanos como Colombia (19.5%), Chile (22.2%) o Costa Rica (24.3%).
Los esfuerzos de combate a la evasión fiscal deben continuar. Sin embargo, esto no será suficiente. Lo que se requiere es una reforma fiscal que asegure un incremento permanente de los ingresos públicos para financiar con bases previsibles un mayor gasto en capital humano, infraestructura, protección del medio ambiente y programas sociales. Además, una reforma fiscal no tendría solamente como objetivo incrementar los ingresos, sino también lograr un régimen fiscal más eficiente y equitativo, y menos vulnerable a las fluctuaciones del precio del petróleo.
Ahora bien, la aprobación de una reforma fiscal sería imposible en ausencia de acciones en diversos frentes, entre ellos un diálogo abierto con los diferentes sectores de la sociedad sobre las vías más adecuadas para incrementar los ingresos públicos; la introducción de mecanismos que aseguren la eficiencia en la asignación y uso de los recursos gubernamentales; y acciones concretas y ampliamente endosadas de combate a la corrupción.
Es evidente que este no es un tema sencillo y que llegar a un acuerdo sobre qué debe hacerse y, en su caso, cómo debe hacerse, requerirá de un esfuerzo considerable. Sin embargo, todos deberíamos tener presente que eliminar la discusión de una reforma fiscal de la agenda económica para la siguiente administración sería un grave error.
