Hace un par de semanas recibí de varias fuentes un video con una entrevista a un conocido abogado. El tema central era la sospecha de este último de que el gobierno mexicano tiene la intención de enmendar la Constitución, para borrar de la misma una oración del artículo 28 en la que se señala que “Ninguna autoridad podrá ordenar al banco (de México) conceder financiamiento”. Según el abogado, el objetivo último de esa acción sería hacer uso por la vía del crédito de las reservas internacionales de Banxico.
La verdad es que tomando en cuenta lo que me pareció sería una medida descabellada, a las personas que pidieron mi opinión les dije simplemente que no hicieran caso del video. Nunca me pasó por la mente en ese momento la posibilidad de escribir un artículo sobre el particular.
Sin embargo, en reuniones posteriores con diversos grupos el tema ha salido una y otra vez. E incluso lo he visto referido en algunas notas de prensa. Lo anterior me hizo pensar que sería útil hacer algunas reflexiones al respecto, con ánimo de darle más elementos de juicio a un público que por razones comprensibles no está familiarizado con estos asuntos.
La autonomía del Banco de México se fundamenta en varios pilares establecidos en la Constitución y en la Ley del Banco. En particular, nuestra Carta Magna estipula que el Banco Central “…será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración”, además de lo mencionado líneas arriba sobre la no injerencia de otras autoridades en sus decisiones de financiamiento.
Es muy importante tomar en cuenta que el primero de estos atributos, es decir, la autonomía, sería imposible si no se cumpliera el segundo, esto es, la independencia en sus decisiones de financiamiento. Para mayor claridad, cabe señalar que la eliminación de la oración citada en el primer párrafo de este texto no se limitaría a permitir que el gobierno hiciera uso a su discreción de las reservas internacionales del Banco de México. Dado que los bancos centrales tienen la capacidad de crear dinero, la acción mencionada también abriría la puerta para que Banxico financiara con emisión monetaria el gasto del gobierno federal, por órdenes de este.
Los resultados de acciones de esta naturaleza son de sobra conocidos. Representan una receta para el desastre, ya que pueden someter las tareas de los bancos centrales a objetivos políticos de corto plazo. ¿El resultado? Tasas de inflación elevadas y frecuentemente crisis macroeconómicas de grandes proporciones. Esto lo muestra con claridad la experiencia internacional con casos como los de Argentina y Venezuela, pero también la de nuestro país con las crisis económicas de los setenta y los ochenta.
Por tanto ¿cómo podría un banco central ser autónomo, si el gobierno tuviera la capacidad de usarlo como fuente de financiamiento no obstante que esto obraría en sentido opuesto del cumplimiento de su mandato (en el caso de Banxico la estabilidad de precios)? Así, la implicación de darle al Ejecutivo la autoridad para ordenar al Banco de México concederle financiamiento sería acabar con la autonomía de este último.
¿Cuáles serían las consecuencias de una acción de esta naturaleza? De manera muy resumida por las limitantes de espacio: un brote agudo de incertidumbre impulsado por la percepción de una medida desesperada debido a la pérdida de control de las finanzas públicas, y por el riesgo elevado de una crisis macroeconómica. En un país con amplia libertad de movimientos internacionales de capitales, y con un mercado cambiario con operaciones diarias de más de 100 mil millones de dólares, la gran mayoría de ellas fuera de México, muy pronto veríamos una corrida contra el peso.
La reforma del poder judicial y otras propuestas recientes de enmiendas a la Constitución han dado lugar a nerviosismo en los mercados, lo que se ha reflejado en un impacto importante sobre el tipo de cambio del peso frente al dólar, pero hasta ahora no en una corrida. Es probable que el efecto haya sido contenido porque todavía no existe total claridad sobre el resultado final de estas propuestas y porque muchos de sus efectos no son inmediatos.
El fin de la autonomía de Banxico enfrentaría una reacción mucho más rápida y grave de los mercados, ya que daría lugar a una situación de riesgos elevados para las inversiones en pesos en el muy corto plazo, que incidiría con fuerza en flujos de capital enormes y altamente volátiles. Como es bien conocido, este tipo de inversionistas dan un seguimiento escrupuloso a los mensajes y acciones probables y reales de los bancos centrales. Incluso puede ser que al final no tendríamos que preocuparnos por el uso de las reservas internacionales por el gobierno federal, porque una buena parte de estas se perderían para defender al peso.
Creo que las autoridades están conscientes de los riesgos, ya no digamos de poner punto final a la autonomía del Banco de México, como implica la hipótesis del abogado, sino también de violarla. En la desafortunada propuesta reciente del Ejecutivo de desaparecer a la mayoría de organismos autónomos, no está incluido el Banco de México. Además, tanto el gobierno saliente como el entrante han insistido que la autonomía de Banxico será respetada. Por el bien de todos, más vale que así sea.
