La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al Congreso el viernes pasado su propuesta de Paquete Económico para 2024. De todos los ángulos desde los que puede analizarse el paquete, existe uno que me resulta de particular interés, porque definirá el manejo macroeconómico del país para el cierre del sexenio: sus implicaciones para la política monetaria.
La propuesta de política fiscal da prioridad a estimular el crecimiento económico en el corto plazo. La SHCP estima la expansión del PIB para 2023 en un rango de 2.5% a 3.5%, aunque algunos funcionarios de la dependencia han señalado que esperan una cifra superior a 3%. Para 2024, si bien el rango proyectado es el mismo, se ha señalado que los escenarios suponen un crecimiento económico de 2.6%. Así, las cifras para ambos años se encuentran por encima del crecimiento potencial de la economía. Por ejemplo, las más recientes estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lo estiman alrededor de 1.5%.
La SHCP señala que la perspectiva para el crecimiento económico antes descrita descansa en varios elementos, entre ellos la solidez del mercado interno, los niveles de inversión en infraestructura y las corrientes de inversión extranjera atraídas por los cambios en el comercio global. Evidentemente, uno de los pilares es la implementación de una política fiscal expansiva. En específico, la propuesta se refleja en un aumento de los Requerimientos Financieros del Sector Público, la medición más amplia del déficit fiscal, de 3.9% del PIB en 2023 a 5.4% en 2024, lo que implica a su vez un incremento de la razón de deuda pública a PIB de 46.5% a 48.8% en los mismos años.
Esto genera un reto para el control de la inflación y, consecuentemente, para la política monetaria. ¿Por qué? Para empezar, la economía está mostrando señales cada vez más claras de sobrecalentamiento. El Informe Trimestral del Banco de México publicado a finales de septiembre, incluye varios indicadores de las presiones de demanda en la economía, entre ellos distintas mediciones de la brecha del producto, y el grado de holgura para el consumo interno y el mercado laboral. En su conjunto, estos indicadores sugieren que el nivel de producción ya rebasó la capacidad instalada de la economía, incluso sin tomar en cuenta, como lo señaló uno de los miembros de la Junta de Gobierno durante la más reciente decisión de política monetaria, que el Banco Central pudiera estar sobreestimando dicha capacidad.
En este contexto, en el mismo Informe el Banco de México hace notar que el efecto de los choques externos sobre la inflación se ha venido mitigando, por lo que las presiones inflacionarias están cada vez más relacionadas con factores internos. En su mapa de riesgos, el Banco apunta como los más evidentes los que a mi juicio están determinando el comportamiento de la inflación en la actualidad: las presiones de demanda en el país y los ajustes salariales, a lo que agrega los factores climatológicos. En un escenario de crecimiento del PIB como el presentado por la SHCP, las presiones de demanda sobre los precios no solamente no se disiparían, se acrecentarían, ya que la economía seguiría creciendo por encima de su potencial.
Y existe otro factor que debe tomarse en cuenta. Es probable que los mismos objetivos políticos que están llevando a las autoridades a relajar la política fiscal en 2024, los conduzcan a poner en marcha otro ajuste importante del salario mínimo a principios de ese año. Al inicio de la presente administración, alrededor de 16% de la población ocupada ganaba hasta un salario mínimo. En la actualidad, la cifra correspondiente es de casi 35%. Bajo estas condiciones, el efecto de ajustes a dicho salario sobre la inflación es mucho mayor.
Tomando en cuenta este conjunto de factores, la viabilidad de las proyecciones del Banco de México de una convergencia de la inflación a la meta de 3% hacia finales de 2024 se ve cada vez más lejana. A lo anterior habría que agregar el riesgo de que las elecciones en México y/o en Estados Unidos, entre otros factores, den lugar a una etapa de incertidumbre que se refleje en presiones sobre el tipo de cambio.
Obviamente, nada asegura que las proyecciones de crecimiento económico de la SHCP se cumplirán. Sin embargo, lo mínimo para lo que debe estar preparado el Banco Central es para un acrecentamiento de las presiones inflacionarias durante el primer semestre del año entrante, en particular tomando en cuenta los incentivos tanto para ajustes salariales como para la expansión del gasto público antes del proceso electoral. Para evitar problemas aun mayores, esto tendría que ser seguido de un apretón fiscal a partir de algún punto del segundo semestre de 2024, y de un marcado debilitamiento de la economía cuando menos en parte de este lapso y en 2025. Una herencia poco envidiable para la siguiente administración.
En suma, el escenario que se vislumbra para los próximos meses es el de un combate a la inflación descansando exclusivamente en la política monetaria. El Banco de México no puede ser complaciente frente a esta realidad. Ante la perspectiva de una política fiscal expansiva y ajustes salariales considerables en una economía que ya enfrenta presiones de demanda, y en virtud del riesgo de que las elecciones del año entrante den lugar a turbulencia en los mercados, lo que está en juego no es solamente la trayectoria de la inflación, sino la estabilidad macroeconómica del país.
