La propuesta de paquete económico para 2025 presentada por la SHCP hace unos días contiene diversas características que son motivo de preocupación y que deberían sopesarse con responsabilidad.
El escenario previsto por la SHCP parte de la premisa, obviamente justificada, de que es necesaria una fuerte reducción del déficit fiscal. Para ello contempla una contracción del gasto, así como ingresos públicos relativamente estables, todo ello expresado como proporción del PIB.
El problema es que este ajuste descansa en varios supuestos difíciles de cumplir. El más relevante es el de crecimiento económico, que es a su vez el principal determinante de los ingresos tributarios. La SHCP supone que dicho crecimiento será de entre 2 y 3% en 2025, utilizando la cifra puntual de 2.3% para sus cálculos.
Ninguno de los 31 analistas consultados en la más reciente encuesta de Citibanamex comparte esta visión. La mediana de las proyecciones de crecimiento de este grupo para 2025 es de solamente 1%. Y en mi opinión la posibilidad de una recesión es elevada.
¿Por qué este pesimismo? La actividad económica en México se está desacelerando. Además, en 2025 enfrentará los vientos en contra que se observan normalmente durante el primer año de cualquier gobierno. A esto se sumarán los impactos del ajuste fiscal; del nerviosismo derivado del ascenso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y sus implicaciones en múltiples frentes, entre ellos el T-MEC; y de la reforma judicial y la desaparición de la mayoría de los organismos autónomos. Bajo estas circunstancias, no sorprende que solamente el 5% de los analistas del sector privado encuestados por el Banco de México consideren que este es un buen momento para invertir.
¿La consecuencia? Será muy difícil cumplir con la propuesta de reducir el déficit fiscal de 5.9% del PIB en 2024 a 3.9% en 2025. Consecuentemente, la proyección de que la deuda pública aumentará a 51.4% del PIB seguramente se verá rebasada. Lo anterior incluso sin tomar en cuenta la ayuda que le da a su componente externo el supuesto de que el tipo de cambio se apreciará a 18.5 pesos por dólar a finales de 2025.
Pero los problemas no terminan aquí. Por razones de espacio me limito a mencionar cuatro de ellos:
-Como resultado tanto de las rigideces derivadas de los gastos en pensiones, los programas sociales y el servicio de la deuda pública, como de los problemas financieros de PEMEX y las necesidades de apoyo gubernamental en múltiples áreas, las finanzas públicas enfrentan un reto monumental a mediano plazo. Este tema no es abordado en los documentos enviados al Congreso, ya que lo que se presenta para los años posteriores a 2025 es un escenario inercial que “…no incluye el impacto de nuevas políticas públicas …de la presente administración.” Da la impresión de que esto se debe a que no se cuenta con una estrategia para ese horizonte.
-Las dificultades de PEMEX no están resueltas. Las autoridades han dado a conocer diversas acciones, entre ellas nuevas medidas de austeridad y la eliminación de empresas subsidiarias. Desafortunadamente, esto no soluciona el problema de fondo, derivado entre otras causas de un modelo de negocio basado en actividades no redituables, como la refinación. Mientras estos obstáculos no se superen, PEMEX seguirá siendo un barril sin fondo y una amenaza para las finanzas públicas.
-La asignación del gasto público incluida en el paquete deja mucho que desear. Preocupa en particular el todavía considerable monto de recursos destinado a las obras “emblemáticas” de la administración anterior, las partidas para las elecciones en el poder judicial, la cada vez más pesada carga de programas sociales cuya fuente de financiamiento es dudosa y la caída de la inversión física a solamente 2.3% del PIB, cifra además inflada por el apoyo a los cuestionados proyectos heredados del sexenio previo.
-Tanto el gobierno anterior como el actual insistieron ad nauseam en que no era necesario implementar una reforma fiscal integral. Ahora nos enteramos por el secretario de hacienda que “…hay total conciencia en el gobierno, en el más alto nivel, de cuál es la realidad de los recursos…”. Y respecto a la posibilidad de una reforma fiscal, que hay que darle a la presidenta “…la prioridad de que lo anuncie, en el momento que lo considere oportuno”.
Sorprendentemente, esta posición no ha sido endosada por la Sra. Sheinbaum. Aunque es muy poco probable, ojalá que esto implique que la reforma fiscal pueda descartarse.
Porque si esta resultara imprescindible, surgirían una serie de preguntas incómodas: ¿no se debió haber tomado en cuenta la necesidad de llevarla a cabo antes de comprometer recursos para nuevos programas sociales? ¿no se debió haber hecho el esfuerzo por lograr un consenso político y social en torno a la reforma? ¿se justificaría una reforma fiscal orientada en buena medida a extraer recursos de la sociedad para financiar gastos tales como la carga financiera de elefantes blancos, las elecciones del poder judicial y programas sociales electoreros? ¿y el supuesto compromiso con la transparencia?
La decisión de Moody’s de rebajar la perspectiva de la calificación crediticia de la deuda soberana de México sorprendió a la SHCP porque tuvo lugar antes de que se anunciara el paquete económico. Una vez dado a conocer este último, lo que debería sorprendernos es que las otras agencias calificadoras no implementen acciones equivalentes en los próximos meses. Y si nuestras autoridades no se ponen las pilas, el desenlace será mucho peor.
