Hasta antes del reciente proceso electoral, el panorama para la decisión del Banco de México del 27 de junio parecía claro. Tanto en la Minuta de la reunión del 9 de mayo como en declaraciones posteriores de algunos miembros de la Junta de Gobierno, se mandó la señal de que la posibilidad de una reducción de la tasa de interés de política monetaria estaría sobre la mesa, y de que tres de los cinco miembros de la Junta se inclinaban por bajar la tasa siempre y cuando la inflación se comportara conforme a lo previsto por el Banco.
Este punto de vista no estaba exento de polémica. En particular, dos de las personas que integran la Junta manifestaron su desacuerdo, entre otros motivos por los retos que se enfrentan para corregir el desequilibrio de las finanzas públicas, la ralentización del proceso desinflacionario, el estancamiento de la inflación de servicios, el deterioro del balance de riesgos para la inflación y la necesidad de que el Banco Central mande las señales adecuadas respecto de su compromiso con el cumplimiento de la meta inflacionaria.
Acontecimientos posteriores a la publicación de la citada Minuta arrojaron implicaciones mixtas para el rumbo a seguir. Por una parte, tanto la inflación general como la subyacente se ubicaron en mayo por debajo de lo esperado. Por la otra, las expectativas de inflación para 2024 de los especialistas del sector privado encuestados por el Banco de México registraron un nuevo deterioro, y el más reciente Reporte Trimestral del Banco muestra una evolución de la brecha del producto y del mercado laboral compatible con un sobrecalentamiento de la economía no obstante la reciente desaceleración, y una prolongada trayectoria al alza de los costos laborales ajustados por productividad. A estos últimos factores habría que agregar los retos que se derivan de la expectativa de que la Reserva Federal de los Estados Unidos modere el relajamiento de su política monetaria.
Pero, salvo que algo extraordinario suceda en los próximos 10 días, lo que parece inclinar la balanza es el impacto de los resultados de las recientes elecciones en México en los mercados. Como es bien conocido, con el arrollador triunfo de Morena la perspectiva de la aprobación de una reforma judicial en septiembre, que deteriore la separación de poderes y acentúe la ya muy marcada incertidumbre sobre el marco jurídico del país, se ha convertido en el escenario más probable. Y existe otro elemento de preocupación al que se le ha prestado menos atención: las implicaciones para las finanzas públicas de una serie de reformas que seguramente se aprobarán también en septiembre, en particular, un mayor apoyo a las mujeres de 60 a 64 años, una beca universal para los estudiantes de nivel básico en escuelas públicas y la mejora de las pensiones de los maestros.
¿El resultado de estos acontecimientos? Un desplome del peso frente al dólar, un debilitamiento de los mercados accionarios y un fuerte aumento de las tasas de interés de largo plazo. En particular, después de haber permanecido relativamente estable a lo largo del año, el peso se depreció en alrededor de 9% en relación al dólar de finales de mayo a mediados de junio.
Los mensajes de las autoridades financieras no han logrado calmar la situación. Y en virtud del decidido interés político en las medidas que se contempla enviar al Congreso, parece difícil encontrar una vía para fortalecer la confianza. En consecuencia, es de esperarse que el nerviosismo en los mercados persista.
Las autoridades monetarias han señalado correctamente que el traspaso del tipo de cambio a la inflación es hoy en día reducido, que dicho traspaso opera generalmente con rezagos por lo que puede no ser evidente en el corto plazo, y que sus implicaciones para la política monetaria deberán evaluarse con la información más reciente disponible.
Sin embargo, como refleja el estado de alerta en el que se encuentra el Banco Central ante la posibilidad de un comportamiento atípico del mercado cambiario, los riesgos se han incrementado de manera importante. Banxico incluso ha indicado que de ser necesario recurriría a activar mecanismos por cuenta propia o en el seno de la Comisión de Cambios para asegurar un funcionamiento ordenado del mercado. Si, como se anticipa, la inquietud se mantiene para el momento de la próxima decisión de política monetaria del Banco ¿tendría sentido arriesgar presiones adicionales sobre la paridad con una disminución de la tasa de interés de referencia? No lo creo.
Pero existe otro elemento que debe considerarse. Lo que estamos viendo es una señal de alarma de los mercados sobre la conducción del país en los próximos años. Esto abarca, como comenté anteriormente, tanto las reglas del juego a las que estarán sujetos los inversionistas, como la situación de las finanzas públicas. Con una disminución de su tasa de interés de referencia, el Banco de México se sumaría a las muestras de indiferencia de otras autoridades ante decisiones trascendentales para los mercados y para México.
En ausencia de un milagro que permita restablecer la confianza en los próximos días, lo que sería de esperar de parte de una de las instituciones más respetadas del país es un mensaje de sensatez y prudencia. De otra forma, las consecuencias podrían ser muy costosas tanto para la credibilidad del Banco como para la economía mexicana. Confío en que la Junta de Gobierno tomará la decisión correcta.
