La cobertura de la prensa fue inundada recientemente, con comentarios sobre la información dada a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sobre la evolución de la pobreza en México.
La gran mayoría de los artículos se han concentrado en un análisis retrospectivo de las distintas mediciones de la pobreza y otros indicadores de carencia social, para el periodo 2018-2022. Este énfasis es comprensible, porque es una forma de medir el éxito o fracaso de las políticas de la actual administración en este ámbito, especialmente tomando en cuenta la importancia del combate a la pobreza.
Como es bien conocido, lo que destaca del informe del Coneval es una caída de la pobreza multidimensional (es decir, de aquellos con al menos una privación de sus derechos sociales y un ingreso insuficiente para adquirir una canasta alimentaria y otros bienes y servicios necesarios) de 51.9 a 46.8 millones de personas; un incremento de la pobreza extrema (población con ingresos insuficientes para cubrir el valor de la canasta alimentaria y al menos tres carencias sociales) de 8.7 a 9.1 millones de personas; un aumento brutal de las personas sin acceso a servicios de salud de 20.1 a 50.4 millones; y una leve disminución de la población sin acceso a la seguridad social, pero a una cifra todavía cercana al casi increíble total de 64.7 millones de personas. En suma, resultados mixtos.
Aunque los avances logrados son a todas luces insuficientes, podrían verse con un sesgo positivo si representaran el inicio de un descenso permanente de la pobreza en México. Por desgracia, el análisis de los determinantes de su desempeño en años recientes arroja un panorama preocupante.
Como se ha señalado en varios artículos, la disminución de la pobreza que revelan las cifras del Coneval ha descansado fundamentalmente en tres pilares: las remesas de trabajadores mexicanos en el extranjero, los incrementos del salario mínimo y los programas sociales puestos en marcha por la actual administración. Con una visión prospectiva, ninguno de estos pilares permite ver al futuro con optimismo.
Consideremos primero el caso de las remesas. El fuerte aumento de estas de 2018 a 2022, de 33.7 a 58.5 miles de millones de dólares, sugiere que tuvieron un fuerte impacto en los índices de pobreza. Algunos analistas han señalado que las cifras del Coneval subestiman dicho impacto.
Pero independientemente de la necesidad de corregir cualquier error de medición, el punto fundamental es que la parte de la disminución de la pobreza explicada por las remesas debe verse como un fracaso, no como un éxito, de las políticas públicas. Sería absurdo congratularse de un alivio de la pobreza derivado de la emigración de connacionales ante la falta de oportunidades en el país.
De hecho, el Coneval debería presentar las estimaciones de la pobreza con y sin el efecto de las remesas. Esta institución tiene como una de sus principales atribuciones “normar y coordinar la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social que ejecutan las dependencias públicas…”. La pregunta que viene a la mente es cómo puede llevar a cabo esta tarea sin hacer la separación antes señalada.
Pasemos ahora al tema salarial. Los salarios mínimos en México han aumentado alrededor de 134% desde finales de 2018. Durante el mismo lapso, la productividad de la mano de obra en el país ha mostrado una tendencia a la baja. En otras palabras, los costos laborales por unidad de producto han aumentado considerablemente.
El grado en el que esto ha presionado al alza a los precios y a la baja el empleo es debatible. Sin embargo, es obvio que de continuar esa discrepancia entre los aumentos salariales y la evolución de la productividad, las presiones adversas sobre la inflación y el empleo serán cada vez mayores. En otras palabras, una estrategia de combate a la pobreza basada en incrementos salariales desvinculados de la evolución de la productividad es simplemente insostenible. Lo que urge, por tanto, es tomar medidas para incrementar la productividad.
¿Cuál es la situación en el caso del tercer pilar, es decir, los programas sociales? Aquí existen al menos dos problemas. El primero tiene que ver con los recursos para financiarlos. En un artículo reciente en este diario (27 de julio de 2023 https://www.eluniversal.com.mx/opinion/javier-guzman-calafell/se-necesita-una-reforma-fiscal-en-mexico/), expliqué por qué las finanzas públicas se verán crecientemente presionadas en los próximos años. Bajo estas circunstancias, la disponibilidad de fondos para financiar los actuales programas sociales es incierta.
Pero, además, cabe hacer preguntas como las siguientes: ¿están los programas sociales bien enfocados en las personas que más los necesitan? ¿haciendo a un lado el caso de las pensiones, se están dando los elementos a los beneficiarios de estos programas para que no dependan indefinidamente del apoyo gubernamental? ¿se están satisfaciendo adecuadamente sus necesidades de educación, capacitación y salud? ¿se están adoptando las medidas requeridas para aumentar el crecimiento económico potencial del país y dar a este segmento de la población la esperanza de un empleo digno?
Desafortunadamente, en todos estos casos la respuesta es negativa. Por tanto, paradójicamente, la única forma de lograr que la disminución de la pobreza en los últimos años sea permanente, es mediante un cambio radical del modelo en vigor. Si la siguiente administración hace caso omiso de esta realidad, los avances reportados por el Coneval serán solamente un espejismo.
