La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lleva a cabo de manera bienal, un análisis de la situación macroeconómica de sus países miembros, así como de los principales retos y recomendaciones de política en áreas consideradas clave. Estos análisis se benefician de la larga experiencia de la Organización con su membresía. Aunque los textos se discuten con las autoridades de los países bajo estudio, lo que matiza su contenido, los documentos son generalmente, además de interesantes, muy útiles. El más reciente informe para México se publicó la semana pasada.
Tomando en cuenta los desafíos que enfrenta la economía mexicana y el cambio de administración que tendrá lugar en unos meses, creo que lo más relevante del documento es el diagnóstico sobre las políticas públicas en vigor y los ajustes que se recomiendan. Dado que la cobertura de temas es muy amplia, me limito a destacar cuatro de los temas analizados.
El primero tiene que ver con las finanzas públicas. El mensaje central de la OCDE es que la política fiscal que se está implementando, basada en la compresión del gasto público, es en palabras llanas insostenible. De mantenerse ese enfoque, el incremento inercial del gasto en algunos rubros como pensiones y salud, implicaría a futuro recortes inaceptables en áreas como la educación, la infraestructura y el cambio climático.
¿Qué debe hacerse? Para empezar, según la Organización, se requiere más eficiencia en el ejercicio del gasto, con base en medidas como una asignación mayor a sectores que aumenten la productividad de la economía, un análisis costo-beneficio más transparente y riguroso de proyectos de infraestructura, y una evaluación más sistemática de los programas sociales. ¿Hace falta más claridad en el mensaje?
Pero esto no sería suficiente. Para enfrentar las necesidades de gasto público se requieren más ingresos. Es bien conocido que México es el país con el cociente de impuestos a PIB más bajo de la OCDE. Por tanto, la Organización recomienda continuar con las medidas de combate a la evasión, pero complementadas con acciones que “incrementen la capacidad recaudatoria de algunos impuestos”, es decir, con una reforma fiscal.
La OCDE estima los pasivos de PEMEX en 15% del PIB, cita cálculos que sugieren que la empresa necesitará apoyo adicional de 20 mil millones de dólares anuales (alrededor de 1% del PIB de 2023) en el periodo 2024-27 y advierte que esto representa un reto enorme para las finanzas públicas. ¿La recomendación? Que cualquier apoyo adicional a la empresa se condicione a la implementación de una estrategia transparente y creíble de mejora en su gobernanza. Esta sugerencia, aunque relevante, se queda corta. Me pregunto por qué.
Respecto al nearshoring, el segundo tema a destacar, la OCDE considera que es una oportunidad histórica para atraer inversión, mejorar la productividad y permitir la creación de más y mejores cadenas de valor. Sin embargo, como la gran mayoría de analistas, enfatiza que para que esta oportunidad sea aprovechada, se requiere hacer frente a diversos retos presentes en el país desde hace mucho tiempo, relacionados con la infraestructura de transporte y conectividad digital, el esquema regulatorio, el estado de derecho, la disponibilidad de fuentes renovables de energía y la escasez de agua.
El tercer tema se relaciona con aspectos de gobernanza. En específico, la OCDE destaca los graves problemas que existen en el país en materia de aplicación de la ley y corrupción. Entre los miembros de la Organización, México ocupa el penúltimo lugar en la clasificación de países en los que la ley es implementada de una manera efectiva y justa. Adicionalmente, tanto en la percepción de corrupción como en su control, nuestro país se ubica en el peor sitio en la OCDE. ¿Qué puede hacerse? La Organización sugiere, entre otras acciones, asegurar que el poder judicial reciba recursos, entrenamiento e infraestructura tecnológica adecuada; fortalecer los recursos e independencia de las agencias anticorrupción; y fomentar el uso de licitaciones públicas, a fin de limitar los márgenes de corrupción de las asignaciones directas. ¿Así o más claro?
La reducción de las profundas desigualdades en México no es solamente una obligación moral, sino un medio para incrementar el potencial de crecimiento. A este respecto, la OCDE recomienda actuar a través de dos vías. Por una parte, fortalecer el capital humano, cerrar la brecha de género en el mercado laboral para hacer un mejor uso del talento femenino y poner en marcha una estrategia integral para reducir la informalidad. Por otra parte, considera necesaria una mejor asignación del gasto público en programas sociales, enfatizando la importancia de crear un registro nacional de beneficiarios. Respecto de los incrementos del salario mínimo, elemento fundamental de los esfuerzos recientes para reducir la pobreza, la Organización considera que deben ser graduales y acordes con el incremento de la productividad. ¿Alguna duda?
No obstante que los autores del informe tratan de resaltar también los aspectos positivos de las acciones realizadas en los últimos años, en realidad se unen al elevado número de analistas que consideran indispensable un golpe de timón a la estrategia económica. Por razones obvias, los mensajes no van dirigidos a la actual administración, sino a los posibles integrantes de un nuevo gobierno. Aunque sería ingenuo esperar que todas las recomendaciones de la OCDE fueran acogidas con entusiasmo, el informe sobre México debería ser una fuente importante de consulta y reflexión para todos ellos.
