En mis tres años y medio en México, hubo muchos temas que me marcaron por el resto de mi vida. La resiliencia de las y los sobrevivientes de tortura, la valentía de comunidades indígenas que defienden sus tierras, la entereza de las mujeres que exigen un alto a la violencia... pero lo que me marcó de un modo aún más penetrante es el dolor de las familias de las personas desaparecidas (casi siempre lideradas por mujeres), su recia perseverancia (casi siempre de las mujeres), el amor que les impulsa a seguir buscando a sus seres queridos, sea en vida o en otra circunstancias, en las calles, separos, cuarteles, morgues o fosas clandestinas.
La reciedumbre y capacidad de organizarse de las familias de personas desaparecidas es inspirador, una señal clara de que otro México no solamente es deseable sino también posible. Es gracias a ellas que el día de hoy se cumplen dos años de la adopción de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. La ley es un resultado del heroico esfuerzo de los colectivos, quienes estuvieron acompañados por organizaciones de la sociedad civil y contó con la asesoría y empuje de mi Oficina y otros organismos internacionales. Las familias lograron transformar el dolor personal en fuerza colectiva, en una fuerza política y moral en el sentido más amplio y apropiado de las palabras.
Si bien la entereza de las familias nos inspira, la ley nos compromete, a todos. A las autoridades en el sentido literal, estableciendo obligaciones ineludibles, y a la sociedad en un sentido ético, imponiendo compromisos axiológicos impostergables.
La Ley aborda de manera explícita no sólo las desapariciones cometidas por particulares, sino también las desapariciones forzadas, esto es aquellas cometidas por agentes del Estado o por personas que actúan con “la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”, como lo define la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada. Lo anterior es clave porque en México en muchos casos hay pruebas de que sí se trata de desapariciones forzadas – desde la mal llamada “guerra sucia”, pasando por el caso de los tres integrantes de la familia Alvarado, desaparecidos por militares, objeto de la sentencia de la Corte Interamericana a finales de 2018, hasta el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos por autoridades e integrantes
de corporaciones coludidas con el crimen organizado. Esto es muy relevante porque gobiernos anteriores no quisieron admitir que hubiera personas desaparecidas (sólo “no localizadas”, como en cualquier otro país), y en caso de existir personas desaparecidas, las atribuyeron a la acción de grupos delictivos privados.
Sabíamos que las desapariciones, incluso las forzadas, no dejarían de presentarse de un día para otro con la adopción de la ley, como lo demostró la terrible ola de desapariciones en Nuevo Laredo entre febrero y mayo 2018 y otros tantos casos que nos han estremecido desde noviembre de 2017. Pero lo que no sabíamos, ni mucho menos deseábamos, es que, a dos años de distancia, sea sólo el reconocimiento del problema y las expresiones de voluntad de algunas autoridades (sobre todo federales), sumado a algunos esfuerzos aislados los que se materializarían. Sólo seis entidades federativas han armonizado su legislación local, cuatro entidades han ajustado su marco normativo en materia de declaración especial de ausencia, siete entidades siguen sin crear Fiscalías Especializadas, aún hay cuatro estados que no crean a su comisión local de búsqueda, la mayoría de los instrumentos previstos en la ley (protocolos, programas, registros…) siguen sin ser emitidos y los recursos y las capacidades siguen siendo insuficientes en la mayoría de los casos. Ya no hablemos de los resultados.
Es fundamental que esto cambie. Para que no sean las familias quienes agreguen a la carga de dolor, la carga de la responsabilidad. Es el Estado en su conjunto, no solo algunos servidores y servidoras públicos, quienes deben asumir verdaderamente su obligación en todos los ámbitos –en la búsqueda, en la identificación de los restos humanos, en la persecución y sanción de los perpetradores, en la protección, atención y reparación de las víctimas, en la construcción de memoria, en la adopción de leyes, protocolos, registros y otras herramientas indispensables para la instrumentación efectiva de una política pública de Estado.
Me voy de México sí, desgarrado por lo que atestigüé, cierto de la complejidad del reto, dolido por la omisión de la mayoría de los gobiernos, pero al mismo tiempo con la enorme satisfacción de haberme encontrado con familias erguidas en dignidad, con organizaciones vigorosas, con periodistas comprometidos, con
organismos públicos que prestan cada vez más atención a la problemática, con personas de la academia que depositan su inteligencia al servicio de la causa, con algunas autoridades entregadas a cabalidad. Son estos actores lo que harán posible construir el otro México, aquel que anhelamos, sin desapariciones, sin fosas clandestinas, sin familias revictimizadas y sin impunidad. Un México en donde nadie falte, y sean la verdad y la justicia las que se hagan presentes. En la búsqueda de este anhelo mi corazón y mis pensamientos siempre estarán en México.
Representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
