Ya se tiene fecha para el análisis de las 18 reformas constitucionales, entre las que se encuentra la relativa al Poder Judicial. Será el próximo 22 de agosto cuando se discuta y vote el dictamen en la Cámara de Diputados. La fecha fue aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales con 12 votos a favor y 3 en contra. Esta discusión es crucial, ya que la reforma puede violar los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. Por ello, se debe hacer una adecuada revisión de las reformas y/o creación de las leyes secundarias que derivarán de la reforma.
El pasado mes de julio se realizaron los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial, con el objetivo de reflexionar acerca de los derechos y las condiciones de quienes operan el sistema de justicia. Esto ocurrió después de que los trabajadores anunciaran un posible paro nacional, si las nuevas condiciones laborales no eran favorables.
La propuesta hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta el momento, solo se ha enfocado en cuestionar a ministros, magistrados y jueces, así como a los impartidores de justicia locales, es decir, a las autoridades más próximas a la ciudadanía, en donde se presenta la mayor parte de los juicios y controversias. No se han hecho comentarios acerca de todo el personal que trabaja en la Suprema Corte, Tribunales Colegiados y Juzgados. Por ello, es de suma importancia que se escuchen todas las voces y se dé certeza jurídica a todos los trabajadores. En caso de un paro nacional del Poder Judicial, se afectaría a todas las personas que buscan acceder a los medios de protección constitucional, lo que además genera la posibilidad de abusos de todas las demás autoridades que no podrán ser impugnadas mientras el paro de actividades esté vigente.
Considero que la reforma al Poder Judicial es una gran oportunidad para corregir múltiples deficiencias, ya que se han exhibido limitaciones en algunos casos, así como la inconformidad de la población sobre el desempeño de los impartidores de justicia. Sin embargo, es crucial el diálogo con los trabajadores del sistema, quienes son los que día a día generan que los juicios avancen y sean resueltos. Su participación en el proceso es esencial, pues de ellos depende que el sistema judicial no se paralice. En caso de que esto suceda, traería severas complicaciones, incluyendo que México deje de ser atractivo para las inversiones, tanto nacionales como internacionales.
Incluso la reunión de legisladores de Estados Unidos con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, demuestra la preocupación del socio comercial más grande del país respecto a las reformas. En México, no estamos listos para llevar a cabo el voto popular en este ámbito, ya que muchas personas no tienen el interés o el conocimiento necesario para ejercer el voto de manera adecuada. Elegir a alguien sin experiencia en la impartición de justicia sería muy peligroso, ya que la experiencia es fundamental para que los juzgadores tomen decisiones que podrían impactar a todo un sector, como la suspensión de toda la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica, o las resoluciones involucradas con cuestiones sociales como el aborto y el consumo de cannabis.
Además, se abre la posibilidad de que jueces y magistrados sean impulsados por el Gobierno Federal, el sector privado o incluso la delincuencia organizada, lo que generaría influencias indebidas y perderíamos el contrapeso que constituye el Poder Judicial, dejando de ser un poder independiente.
El mejor camino a seguir es valorar y escuchar las diferentes voces, tanto de magistrados, trabajadores, sindicatos, como de especialistas. La presidenta electa ha mostrado indicios de traer una política más conciliadora y de comunicación con sectores que antes no fueron tomados en cuenta. No le vendría bien a la inminente reforma que se politice este proceso.
La reforma al Poder Judicial debe ser un esfuerzo inclusivo y democrático, en el que todas las partes interesadas tengan voz y voto. Solo así se podrá garantizar un sistema de justicia más eficiente y justo para todos.
Experto en Litigio Constitucional y de Santamarina y Steta
