En el grupo de las 15 economías más grandes del planeta se encuentra México. Con una posición privilegiada por sus recursos y localización geográfica junto a la zona económica más grande del mundo.
Con una enorme riqueza de población, cultura y diversidad pero con un PIB per cápita de apenas de 10 mil USD por año frente a niveles de 30 a 60 mil de economías desarrolladas y con enormes niveles de pobreza e inequidad social.
Tenemos una ventana de oportunidad histórica única, derivada de la relocalización de las cadenas de suministros claves en Norteamérica para disminuir el desequilibrio comercial entre China y Estados Unidos. Fenómeno al que se ha denominado “Nearshoring”.
Para que un país crezca a tasas del 5% o superiores se tiene que invertir el 25% del PIB en nuevas inversiones. De esta 5% corresponde al gobierno y el resto es de empresas (Nacionales y extranjeras).
La inversión extranjera directa ha representado entre el 2 y 3% del PIB de México históricamente, representando en el último año una cifra del orden de 35,000 millones de dólares. Esta es la cifra que se espera que crezca de manera significativa en los próximos 5 a 10 años.
Los retos más grandes que enfrenta ante este escenario México son:
1. Generar una cifra cercana al millón de nuevos empleos formales.
2. Incrementar la productividad y el valor agregado de nuestras cadenas productivas para mejorar la calidad del empleo.
3. Captar mayor inversión extranjera directa y aumentar las exportaciones a Estados Unidos pero con mayor contenido nacional y salarios bien pagados.
Para el logro de estos objetivos será imperativo que las empresas inviertan en innovación.
Es decir en el desarrollo de nuevos productos, servicios y procesos. La inversión nacional en innovación es una cifra muy baja del orden del 0.3% del PIB y esta inversión hay que triplicarla de manera acelerada para acercarnos al 1% (Los países de las 15 economías más grandes invierten del 2 al 4% del PIB en investigación e innovación).
Esta enorme tarea corresponde al gobierno y a las empresas llevarla a cabo, conjuntamente al 50%.
Para incentivar la inversión privada el gobierno debería establecer incentivos fiscales de fácil aplicación, sin trámites engorrosos ni comités y con los siguientes propósitos:
1. Aumentar la vinculación entre empresas y las instituciones de educación superior y centros públicos de investigación: Deducibilidad del 150% por 5 años de los gastos de proyectos contratados por las empresas para el desarrollo de nuevos productos y procesos para ser desarrollados por el sector académico y de investigación de México.
2. Aumentar la contratación en las empresas, de profesionales con posgrados (Maestría y Doctorado) en áreas científicas y tecnológicas: Deducibilidad del 150% del costo de personal por 5 años.
3. Aumentar las competencias en innovación en las empresas: Deducibilidad del 150% de los gastos de capacitación del personal ejecutada con instituciones académicas y centros de investigación públicos, para desarrollo de competencias técnicas para innovar.
4. Incrementar la inversión en centros de tecnología e innovación de las empresas: Depreciación acelerada en un año al 100%, de activos dedicados a la innovación como edificios, instalaciones, equipamiento científico, laboratorios, plantas piloto, y campos experimentales dedicados exclusivamente al desarrollo de nuevos productos, servicios y procesos.
5. Apoyo a nuevas empresas de alta tecnología: Exención por 5 años del ISR para nuevas empresas de base científica y tecnológica que produzcan bienes y servicios de alto valor agregado en ramas específicas a definir, como: biotecnología, nanotecnología, semiconductores, inteligencia artificial, entre otras.
La autoridad fiscal deberá llevar a cabo al final de los 5 años, la evaluación del impacto de dichos incentivos en base a: a) Patentes generadas b) Nuevos empleos para científicos y tecnólogos mexicanos c) Ventas de nuevos productos y servicios en 5 años d) Ventas de exportación y su grado de integración nacional d) Monto de recursos canalizados a instituciones académicas y de investigación del país por proyectos de innovación y capacitación.
La inversión en innovación conlleva riesgos. Por este motivo, los países de la OECD ofrecen incentivos fiscales para alentar a las compañías a aumentar su inversión en el tema para incrementar la productividad y mayor valor agregado en la economía que permita generar mejores empleos bien remunerados.
Dichos incentivos fiscales deben también promover la vinculación entre el sector empresarial y el académico así como apoyar a los emprendedores de nuevos negocios de bienes y servicios de alto valor agregado e intensidad científica y tecnológica.
La propuesta descrita, vendría a complementar el decreto presidencial que el presente gobierno expidió el 10 de octubre del 2023 de estímulos fiscales a sectores clave de la industria exportadora consistentes en la deducción inmediata de la inversión en bienes nuevos de activo fijo y la deducción adicional de gastos de capacitación.
Exdirector de Conacyt, expresidente de la Academia de Ingeniería; consejero y consultor en innovación.