El 28 de agosto de 2008, en medio de una gira de trabajo como gobernadora de Yucatán recibí un reporte alarmante: en un terreno baldío de la población de Chichí Suárez, conurbada a Mérida, se hallaban 11 cadáveres decapitados.
Se cumplía una amenaza lanzada poco después de mi llegada al gobierno, en 2007. Los números de emergencia de las corporaciones policiacas locales recibieron mensajes dirigidos al mando de fuerza pública: “no te equivoques, el día es tuyo y la noche es mía”, “pronto van a ceder ante la presión social”, “dejen de patrullar”, “no van a aguantar cuando aparezcan los muertitos”…
Gran parte del país estaba en llamas, con el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa en plena guerra contra el narcotráfico.
Desde luego, la sociedad yucateca se cimbró y el miedo empezó a cundir. Mi gobierno no podía quedarse de brazos cruzados, había que actuar de inmediato.
Como fue del conocimiento público y quedó registrado en medios de comunicación, entrevistas, conferencias y publicaciones, me comuniqué con el presidente Calderón Hinojosa, y le solicité formalmente que me permitiera encabezar los esfuerzos oficiales por la seguridad pública de Yucatán. Era mi responsabilidad, para eso me eligió la ciudadanía.
Establecimos una mesa de situación, con representantes de todas las fuerzas mayoritariamente policiales, y también militares. Todos bajo el mando y coordinación de la gobernadora.
Atendimos la emergencia de sellar el Estado, investigar y hallar a los responsables, que fueron detenidos, procesados y encarcelados. Las víctimas, por cierto, eran integrantes del mismo grupo delincuencial.
En paralelo, se logró lo más importante: la conciencia social que la seguridad pública es un ejercicio de corresponsabilidad de todos los niveles de gobierno, fundamentalmente basada en la participación y confianza entre la ciudadanía y las instituciones.
Fueron días, meses, años de intensos esfuerzos, comunicación permanente con las corporaciones de seguridad y con la sociedad. Se estableció una regla: que la ciudadanía recibiera siempre la información de forma directa de su gobernadora, con claridad y sin especulaciones.
Depuramos, equipamos, capacitamos a las y los elementos de seguridad estatales y se establecieron programas para hacerlo también con los municipales, en un esquema de coordinación. Se dignificó el salario y prestaciones de policías.
Los operativos de seguridad de Yucatán son famosos por estrictos. Por ejemplo, decretamos la prohibición de circular con vehículos polarizados, y a pesar del calor de mi tierra, la gran mayoría de las personas entendió que se trataba de tener una visión clara del interior de los vehículos, por la seguridad. Esta disposición sigue vigente.
Mis paisanos que recuerdan esos días, saben que se intensificó la vigilancia, la policía estatal adquirió vehículos blindados, armamento de alto calibre, equipo de protección para sus elementos, inició la instalación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos. También iniciaron programas de sensibilización y comunicación con la ciudadanía, que fueron evolucionando y hoy se siguen aplicando.
En la mesa de situación nos coordinamos con el Ejército, Fuerza Aérea y Marina. Pero las fuerzas armadas siempre asumieron la función que les correspondía en los temas federales, sin que se recurriera a patrullajes o despliegue de sus elementos más allá de su jurisdicción.
Durante los últimos años de mi gobierno, Yucatán fue calificado como el estado más seguro del país. Los protocolos que establecimos en vigilancia y prevención siguen se siguen aplicando, y se mantienen los índices en cuanto a seguridad pública.
Todo coordinado y ejecutado desde el gobierno estatal, con despliegue de fuerzas policiales. Esta experiencia es una de las razones que me hacen pugnar por el fortalecimiento de instituciones estatales y municipales para lograr la paz en México, en vez de apostar todo a la presencia militar. Y no centralizar, sino coordinar esfuerzos, manteniendo la confianza de la ciudadanía.
