Dos semanas después de las elecciones, el sábado y domingo pasados, la violencia criminal se apoderó de Reynosa y esparció un rastro sangriento inédito: 14 civiles asesinados en lo que de primera instancia parecía una especie de ruleta de la muerte ejecutada tan fría como salvajemente por un comando de sicarios.
Las calles de la ciudad tamaulipeca, a menudo escenario de enfrentamientos entre bandas delictivas con saldo de muertes de uno y otro bando, ahora dieron lugar a un inédito episodio de matanza. Esta vez las víctimas fueron personas sin aparentes ligas con las actividades ilícitas, seleccionadas al azar.
Un enfermero, un propietario de una tienda de abarrotes y un cliente suyo, un empleado de maquiladora, dos mujeres y un hombre que se resistieron al robo de su vehículo, siete personas en domicilio, dos en otro más...
La lista de muertes no demostró relación alguna entre las víctimas.
Desde el mediodía y hasta las 14 horas del sábado, los sicarios hicieron sus acciones criminales. Para cuando las autoridades alcanzaron a un grupo de ellos, descubrieron en el maletero de su vehículo a dos mujeres amordazadas.
Entonces, las declaraciones. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, sobre quien pesa una investigación de la FGR por presunto lavado de dinero, lamentó los asesinatos y expresó que hay coordinación entre los tres órdenes de gobierno para combatir a la delincuencia, pero exigió que el gobierno federal se haga cargo de la situación pues, dijo, se trata de un delito federal.
El presidente López Obrador respondió el lunes y anunció que la FGR (muy autónoma, como se ve) atraería el caso.
Apenas en las semanas previas a los cobardes ataques, uno y otro servidor público habían mantenido un agrio enfrentamiento que tiene aún sus ramificaciones en los congresos federal y estatal: el desafuero del gobernador para ser puesto a disposición de la misma FGR que hoy atrae el caso de los asesinatos.
En pleno proceso electoral, el presidente enfiló las baterías del gobierno federal en contra del gobernador panista, uno de sus más fervientes opositores entre los mandatarios estatales, lo que se leyó como un ataque con claros matices proselitistas. Morena ganó en al menos 10 de las 43 presidencias municipales en disputa, entre ellas Reynosa, y también la mayoría en el Congreso local.
En un análisis superficial se podría aventurar una relación entre las acusaciones del gobierno federal contra el gobernador panista y los resultados electorales, favorables a Morena, que dominará la legislatura estatal.
Pero lo sucedido el domingo pasado va más allá de conjeturas proselitistas. Es el terrible y siniestro recuerdo de lo que ocurre cuando las autoridades, que deberían estar atentas y trabajando conjuntamente para prevenir la violencia y garantizar la seguridad de la ciudadanía, se dedican a discutir, pelear y dividir el trabajo del Estado Mexicano.
En la división de las autoridades en cada nivel de gobierno, sobre todo de las encargadas de la seguridad pública, solo hay un ganador: la delincuencia. Y hay un claro perdedor: la ciudadanía, que es la víctima inmediata de la indolencia, apatía y frivolidad políticas, cuando éstas se entrometen en el actuar de la seguridad pública.
No defiendo al gobernador de las acusaciones que el gobierno federal ha enderezado en su contra. Pero es claro que el clima de enfrentamiento entre poderes y gobiernos propiciado por la “declaracionitis” que nació de este episodio, tuvo como consecuencia la desconfianza y descoordinación de las fuerzas de seguridad.
Ahora actúan, dicen, coordinadamente, para hallar a los demás culpables. Pero las y los muertos ahí están, enlutando decenas de hogares y recordándole al mundo que en nuestro país el riesgo siempre está presente, a pesar de los dichos presidenciales.
La seguridad pública es un tema que nadie debe tomar a la ligera. Y que nadie debe politizar en sentido alguno. La única política que admite la seguridad pública es la de la unidad de esfuerzos en la prevención y el combate al crimen, todo en coordinación y con la participación de todos los involucrados en la tarea de garantizar la paz y la tranquilidad.
Coordinadora Nacional para el Empoderamiento Ciudadano, MC.
