Presentada conjuntamente por el director de Aduanas, Horacio Duarte, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Pablo Gómez, la propuesta de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador no es más que la materialización de un anhelo de su gobierno y su partido: desaparecer al INE y controlar las elecciones.
Evidentemente, no será aprobada por el Congreso.
No es una afirmación aventurada.
Primero, por el contexto de linchamiento contra diputadas y diputados de oposición que votamos en contra de la reforma eléctrica tóxica que propuso el mismo presidente. Sin esos votos, no se aprueba ninguna propuesta constitucional.
Sería demasiado bizarro el escenario de una oposición denigrada, insultada y calumniada y al mismo tiempo tendiendo la mano al mismo régimen que llama a su linchamiento. Pero el oficialismo no entiende de razones, se conduce en el río de la sumisión incondicional, única vía navegable para Morena y sus aliados.
Pero en el análisis básico de los puntos que más interesan al presidente y a Morena, porque así lo han expresado en repetidas ocasiones, identificamos la intención de construir un órgano electoral a modo, distinto del odiado INE que se resiste a plegarse a la voluntad del caudillo.
Desde ahí empieza muy mal, el régimen ve un enemigo en la institución de mayor confiabilidad para la ciudadanía, por el simple hecho de que cumple con la ley y llama a cumplirla.
Una institución que costó décadas de lucha de tantas personas, incluyendo los más destacados representantes de la izquierda mexicana, para quitarle al gobierno la organización de las elecciones y dársela directamente a la ciudadanía.
Una institución hecha para garantizar elecciones limpias, en contraposición al actual régimen que ve a la ley como “un cuento” y llama abiertamente a desobedecer las reglas, que desvía recursos en “aportaciones” para su movimiento, y premia con secretarías de Estado a los protagonistas de los desvíos.
Por cierto, uno de los que presentó la propuesta, Horacio Duarte, es señalado como protagonista de los desvíos de recursos para acciones electorales de Morena en Texcoco.
Plantea el gobierno desaparecer los OPLES, es decir, los organismos públicos electorales locales, para centralizar sus funciones en el propuesto INEC. La “C” es de “consultas”, esas mismas que Morena hace sin respetar mínimos lineamientos de credibilidad, y cuando las organiza el INE, no las aceptan por lo mismo.
¿Centralizar decisiones? Suena demasiado al control de la presidencia imperial, el mismo que llevó a los partidos de oposición y a activistas, académicos, personas defensoras de derechos humanos, a mantener una lucha que nos legó primero el IFE, responsable de la transición de 2000, y después al INE, que ha llevado con la ciudadanía las elecciones presidenciales, entre ellas la de López Obrador.
De las otras cuestiones que plantea el Presidente, como reducción del número de legisladores, federales y locales, así como de regidores en ayuntamientos, más que una medida democrática parece más el intento de eliminar la presencia de posibles opositores.
Después de todo, recordemos que fue con el reconocimiento de los derechos políticos de la izquierda radical que ésta se incorporó a la vida pública en las Cámaras del Congreso, desde la representación proporcional. Fueron esas curules, esos escaños en los legislativos federal y estatales, en los ayuntamientos, que se dio espacio a la pluralidad, y se abrió cauce a las transiciones.
La propuesta del presidente López Obrador no pasará. Él lo sabe y lo ha dicho. Contiene supuestos injustificables para la democracia. La campaña de linchamiento a la oposición sigue y corre el riesgo de pasar de las agresiones verbales y gráficas a las físicas. Entonces, ¿por qué envía su proyecto al Congreso?
Por pura y mera propaganda. Y para seguir polarizando, dividiendo a México, que para eso son muy buenos el régimen y su partido.
Coordinadora Nacional para el Empoderamiento Ciudadano, MC.