De manera sorpresiva, el jueves pasado la presidencia de la Cámara de Diputados decretó un receso justo antes de la votación del dictamen de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, cuando todos los grupos parlamentarios se habían manifestado a favor, y en el palco de invitados activistas y familias de víctimas de accidentes esperaban, expectantes, su aprobación.
Previamente, el Senado de la República había dado su aprobación a esta ley, de urgente necesidad en nuestro país, que ocupa el séptimo lugar en defunciones por siniestros viales en el mundo, y el tercer lugar en la región latinoamericana.
En 2021, más de 13 mil personas perdieron la vida en siniestros de tránsito en México, y cerca de 36 mil resultaron lesionadas, un promedio de 40 fallecimientos diarios atribuidos a este tipo de accidentes, incluyendo a conductores, pasajeros y personas que no iban en vehículos.
Es la cifra más alta desde que se empezó a registrar este rubro, en 2015.
Nuestras ciudades están diseñadas para automóviles, más que para personas, lo que da como resultado trayectos más largos para un parque vehicular cada vez mayor que genera problemáticas de todo tipo, desde la saturación vial en zonas urbanas como el encarecimiento del transporte en áreas rurales.
La relación entre mala movilidad y la situación socioeconómica se ha agravado conforme se registra un claro desfase entre el crecimiento anual de la cantidad de vehículos en circulación a nivel nacional (5.3%) y el crecimiento de la población (1.5%).
Es urgente regular, es prioritario establecer criterios adoptados a nivel internacional tanto en ordenamientos viales como en circunstancias de protección al consumidor en el caso de los vehículos nuevos, pues actualmente solo se cuenta con la información que proporcionan las empresas que los venden.
Sobre todo, hay que actuar para evitar más víctimas fatales, para evitar más lesionados.
Un dato más: de acuerdo con el INEGI, hasta el 70% de las personas con discapacidad por accidentes viales , no vuelven a conseguir empleo. Información oficial estima que en nuestro país diariamente ingresan a unidades médicas 1,700 personas con lesiones graves ocasionadas por siniestros de tránsito, y de éstas, más de 100 enfrentarán una discapacidad por esta causa.
La armonización legal en materia de movilidad y seguridad vial no existe en nuestro país. Cada Estado y municipio determinan sus normas en límites de velocidad fuera de la jurisdicción federal, no existen normas generales para pruebas de alcoholemia y sustancias psicoactivas en personas que conducen de vehículos.
Tampoco está homogeneizada la obligación de portar cascos en los casos de motociclistas ni el uso de cinturones de seguridad y asientos con sistemas de retención infantil. Hay lugares donde no está prohibido que niñas y niños viajen en el asiento delantero de un auto. Tampoco se ha definido a nivel nacional una regulación sobre el uso del teléfono celular al conducir.
Estos son solo algunos de los temas incluidos en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial cuya aprobación quedó en suspenso este jueves. Algo o alguien motivó el sorpresivo receso, cuando todas las fuerzas políticas ya habían expresado su acuerdo y su intención de votar a favor.
Las familias de las víctimas esperan. La sociedad mexicana espera que se aprueben las normas mínimas generales para ordenar el hasta ahora anárquico crecimiento del parque vehicular, la forma de construir y administrar las vialidades, los derechos del consumidor a la hora de comprar vehículos nuevos, las disposiciones de seguridad para proteger a quienes conducen y a quienes caminan en la vía pública.
La ley general de movilidad y seguridad vial es una urgencia para el país.
