A veces resulta muy difícil entender el porqué de las razones antidemocráticas que revisten ciertas posturas del gobierno mexicano en su política interior, la más llamativa de ellas esa obsesión por destruir las instituciones que no se sujetan al dominio absoluto del presidente de la República.
Sabemos del talante autoritario que ha asumido el titular del Ejecutivo desde el primer día de su mandato; sabemos del sustento de sus decisiones en razones meramente electorales; sabemos de su pragmatismo de grupo y su poca tolerancia al disenso, pero es verdaderamente extraña su fijación con el INE, precisamente uno de los elementos fundamentales para nuestra democracia, que hizo posible la elección de 2018 que le llevó al poder.
Desde luego no fue el INE quien hizo ganar la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, pero sí fue un factor decisivo para que el proceso electivo fuera irreprochable, sin injerencias de gobiernos ni de grupos políticos. Y no fue una decisión personal de sus dirigentes y trabajadores, sino producto de un andamiaje institucional que generaciones de mexicanas y mexicanos han ido perfeccionando para el funcionamiento de nuestro órgano electoral.
Se dice poco y a veces pasa desapercibido, pero contamos con una institución electoral que es modelo en su funcionamiento, y con un sistema que permite la participación de miles de ciudadanas y ciudadanos en las jornadas electivas como funcionarios de casilla, como observadores, como representantes, para que millones más puedan acudir a depositar su voto con la confianza de que será respetado.
En México los procesos electorales no los organiza el gobierno. No desde que la ciudadanía le arrebató esa función, en los años 90 del siglo pasado. En una evolución no exenta de presiones, de luchas ciudadanas, hoy la institución electoral es autónoma, para que nunca más el poder político intervenga en las decisiones que son de todas y de todos.
Por eso resulta incomprensible la andanada de ataques desde el gobierno federal para arrebatarle esa autonomía al INE. A menos, claro está, que tales ataques sean un intento del régimen para poder controlar las urnas, los votos, y decidir en elecciones “patito” su permanencia perpetua.
En el sainete que es la discusión por el financiamiento del proceso de revocación de mandato, el gobierno federal ha aprovechado todo para hostigar, presionar, defenestrar y hasta injuriar a la institución electoral.
Ante la resolución del TEPJF para que el INE hiciera economías en los costos del proceso y pida a la SHCP los recursos que hagan falta, el órgano electoral mexicano cumplió: presentó un plan de recortes a los gastos para que el proceso de revocación de mandato pueda efectuarse.
Ese ajuste redujo los costos en más de 580 millones de pesos, aunque para ello se tenga que eliminar el papel seguridad de las boletas y se reduzcan personal y condiciones de capacitación de quienes participarán en las casillas. Recordemos que se trata de un proceso igual al de una elección federal.
Aún así hacen falta 1,738 millones de pesos para realizar el proceso de revocación de mandato. Y a la solicitud del INE a la SHCP, el gobierno federal ya respondió: NO. Y “sugiere” al INE recortar sus gastos operativos y prestaciones a sus funcionarios y empleados, además de vaciar sus fideicomisos institucionales.
Presentó el gobierno federal cifras irreales en su “propuesta”. Por ejemplo, habla de que el INE tiene más de mil empleados con plazas desde director hasta presidente, cuando en realidad el instituto tiene un poco más de 100 de esos empleados…
Según el TEPJF, el gobierno federal debe aportar el recurso que haga falta al INE para la realización del proceso. ¿Por qué se niega, entonces?
La única respuesta es que el gobierno federal quiere alargar un conflicto que el propio gobierno y sus aliados crearon con la finalidad de debilitar y atacar a la autoridad electoral.
