En México “los ciudadanos estamos a merced del crimen organizado y eso en cualquier lugar del mundo se llama un Estado Fallido”, fue la lapidaria sentencia expresada por el rector de la Universidad Iberoamericana Torreón- Monterrey -Saltillo, Juan Luis Hernández Avendaño.
La frase, surgida en el contexto del dolor por el artero y bárbaro asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en la Sierra Tarahumara por un sicario de la región, no es solo una manifestación de duelo. Es una declaración basada en la teoría del Estado y formulada por un politólogo, maestro en Sociología Política y doctorado en Ciencia Política, arropado por rectores del sistema educativo jesuita en México.
Los PP.JJ. Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar cumplieron con su deber cristiano de socorrer y dar auxilio a un moribundo que había sido baleado a las puertas de su iglesia, en Cerocahui, Chihuahua. La barbarie llegó hasta ellos por ese acto de piedad, en elocuente demostración de que los criminales no entienden de abrazos, sino de balazos.
El crimen le dio la vuelta al mundo, y levantó la indignación del Vaticano, en voz del propio Papa Francisco, que al condolerse por la tragedia expresó: “¡Cuántos asesinatos en México!”, pero al presidente López Obrador este comentario, los de la comunidad jesuita y del Episcopado Mexicano, no lo conmovieron.
“No vamos a cambiar la estrategia, que sigan con sus campañas de desprestigio, atacándonos con su prensa vendida o alquilada”, dijo el Presidente de México.
¿Constituyen prensa vendida o alquilada el Vatican News, la Radio Vaticana ó L´Osservatore Romano, que han reproducido la condena del Episcopado Mexicano al artero crimen y la exigencia de justicia y de una acción clara por parte del Estado Mexicano para enderezar el rumbo de la seguridad en nuestro país?
¿Son campañas de desprestigio cuando la Iglesia Católica pide a las autoridades mexicanas que convoquen a un diálogo nacional para emprender “acciones inteligentes e integrales con el fin de alcanzar la paz mediante una participación conjunta"?
El papa Francisco ha dicho que “La violencia no resuelve los problemas, sino que aumenta los sufrimientos innecesarios”, cierto. Pero no fue un espaldarazo al “abrazos, no balazos” como estrategia de seguridad. Por el contrario, es un llamado al gobierno a actuar para que cese la violencia en contra de las personas por parte del crimen organizado.
El deber del Estado es proveer de seguridad a la población. Para eso cuenta con el monopolio de la fuerza, y tiene el compromiso de cumplir y hacer cumplir la ley.
No se cumple con la ley escurriendo el bulto de la responsabilidad, ni consintiendo a los criminales, sus familiares y abogados; mucho menos ordenando la liberación de delincuentes, instruyendo a las fuerzas armadas a poner la otra mejilla o de plano huir ante la presencia de quienes violentan el orden y agreden a las personas de bien.
No se actúa con visión de Estado si lo más importante es jugar al béisbol justo en medio de una crisis de seguridad, ni intentando desviar la atención sobre el tema de la espiral de violencia que hace presa de la ciudadanía en regiones enteras del país.
Si las altas autoridades de la Federación no se han dado cuenta, es tiempo de hacérselos ver: su llamada “estrategia de seguridad” es solo un conjunto de dádivas electoreras, un instrumento clientelar que no ha tocado un ápice la capacidad de cooptación del crimen organizado.
“Se atienden las causas”, dice el Presidente, pero seguimos viendo cada vez más jóvenes enrolados en el sicariato al servicio de los cárteles. Este gobierno federal no combate al crimen, como si esperara que mágicamente desaparecieran la maldad y el delito, pero el mundo y la realidad no funcionan a golpe de magia ni de espiritualidad. La presidencia debe actuar por ministerio de ley, no por ideologías falsamente iluminadas.
A partir del artero y vil crimen que segó la vida de dos padres jesuitas y un laico en Cerocahui, sectores de la Iglesia Católica han levantado la voz pidiendo que las autoridades, sobre todo la federal, actúen y den resultados en materia de seguridad pública.
Hacen bien: dirigen su voz hacia el Poder Ejecutivo, porque es a él al que corresponde actuar, y salir de su ensimismamiento antes de que sea demasiado tarde.
Coordinadora Nacional de Enlace Político de Movimiento Ciudadano.
