Así se expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador desde su tribuna de la mañana al referirse al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Para el primer mandatario, lo ideal es que desaparezca el “estorboso” organismo que, además, es autónomo.
Es decir, en la muy particular teoría del Estado del régimen actual, tiene el INAI una doble razón para desaparecer, pues en primer lugar “se entromete” en las tareas del presidente y su gobierno al exigirle transparencia y presionarlo para dar a conocer datos que han evidenciado muchas de sus operaciones económicas o acciones que no necesariamente comulgan con su credo político.
En segundo término, es un organismo autónomo, de esos que no se pliegan a la voluntad del presidente ni le queman incienso en el altar del ego. ¡Cómo va a existir tamaño despropósito!
Desafortunadamente para el gusto presidencial, pero muy afortunadamente para la ciudadanía, el INAI es el mejor ejemplo de una institución que no sirve al poder. Desde su creación fue concebido como una herramienta de la ciudadanía para acceder a la información que durante mucho tiempo ocultaron los gobiernos, una era de oscuridad que creíamos extinta hasta que llegaron Morena y sus seguidores.
Cierto que es incómodo para el gobierno la exposición cotidiana de la información, no puede ser de otra forma. Quienes hemos ejercido funciones públicas sabemos que en ocasiones los requerimientos de transparencia llegan a ser insistentes en la cotidianidad, incluso los gobiernos están obligados a tener oficinas dedicadas exclusivamente para responder a las preguntas de las personas, están en todo su derecho.
Cuando los gobiernos, por la razón que fuera, justificadamente o no, niegan la información que la ciudadanía pide, es cuando entra en acción el INAI, o bien sus correspondientes estatales: tienen la tarea de valorar si el gobierno tiene razón o no al negar la información (puede ser sensible para la seguridad pública, por ejemplo; pueden tratarse de datos personales protegidos por ley).
Pero si el INAI o los organismos estatales de transparencia determinan que el gobierno tiene que responder, no hay vuelta de hoja. El funcionario que se niega a acatar esa disposición se arriesga incluso a ser destituido.
En pocas palabras: el INAI garantiza el derecho de acceso a la información pública.
Ha sido mediante los instrumentos oficiales que el INAI ha establecido, que muchas personas dedicadas al periodismo han logrado obtener información sobre los sueldos, las prestaciones, las declaraciones de bienes o de intereses de servidores públicos.
También el INAI facilita el acceso a la información sobre presupuestos, contratos, monto de los gastos del gobierno detallados por cada obra o acción. Así se han realizado investigaciones periodísticas que llegaron a ser escándalos y que exhibieron corrupción, como el caso de la Estafa Maestra.
Fue debido a una insistencia de la ciudadanía a través del INAI que el régimen de López Obrador decidió sellar la información sobre el Tren Maya y Dos Bocas, designándolos proyectos de seguridad nacional.
Este gobierno le tiene mucho miedo al INAI, o mejor dicho: este gobierno le tiene mucho miedo a la ciudadanía informada. Por eso la orden presidencial fue directa: desaparecer el INAI, que sus funciones y recursos sean absorbidos por la Secretaría de la Función Pública. El gobierno vigilando al gobierno, como en los tiempos de la presidencia imperial.
Hacen bien las senadoras y los senadores de oposición que se mantiene en la defensa del INAI. La desesperación del régimen para mantener la inoperancia del Instituto y su afán por desaparecerlo son propios de la antidemocracia y se alinean con el comportamiento de las dictaduras.
