Desde que se aprobó el Presupuesto de Egresos 2024 a la fecha, se han presentado eventos de índole política y ambiental que han puesto de lado la enorme importancia del gasto público. En este sentido, retomo el tema para valorar su impacto el año entrante en algunos de los rubros de las agendas pública y social.
Para 2024 se prevén ingresos por 9.06 billones de pesos, de los cuales 1.9 billones serán por contrato de deuda. Pues bien, para referirnos al gasto para el próximo año debemos subrayar que, el Tomo I del Presupuesto de Egresos señala que los gastos obligatorios ascenderán a 7.3 billones de pesos (principalmente salarios, participaciones a estados y municipios, Ramo 33, costo de la deuda y pensiones), por lo que casi todo lo no obligatorio se financiará con deuda.
Así, en infraestructura, salvo en las obras “insignia” del Ejecutivo (170 mil millones para Dos Bocas y 150 mil millones para el Tren Maya), la inversión será insuficiente.
A educación se dieron 982 mil 237 millones, que es un modesto aumento de 2.9 por ciento con respecto a 2023, que no compensa la severa caída en la inversión en 2020-2022 y demuestra que persiste una estrategia ajena a la crisis de aprendizaje en el país.
Para salud, la SS sufrió un recorte de 123 mil millones (-55.0 por ciento), monto que fue “reasignado” junto con otros 5 mil 624 millones al IMSS-Bienestar. Pero, no es ajeno que las sucesivas transiciones entre Seguro Popular, INSABI y ahora IMSS Bienestar no han frenado el deterioro en el acceso a los servicios de salud, sino por el contrario: 2018-2022, la carencia del servicio pasó de 16.2 a 39 por ciento, por lo que hoy 50.4 millones de personas no cuentan con él (CONEVAL).
En seguridad, la SSPC de 2023 a 2024 tuvo un pobre incremento de 2 por ciento, quedando en 105 mil 839 millones; mientras que la Marina lo tuvo de 63 por ciento y la Sedena de 121 por ciento (142,152 millones más). Lo preocupante es que ambas secretarías priorizaran el gasto en infraestructura y actividades administrativas y no en combate a la inseguridad y al crimen organizado.
Para apoyo agropecuario y acuícola, la Sader manejará 74 mil 110 millones, monto superior en 5.8 por ciento con relación a 2023. No obstante, el 63 por ciento de ese gasto tiene orientación asistencialista (pensiones a adultos mayores, sembrando vida, abasto rural, fertilizantes y precios de garantía) contra el 37 por ciento con sentido productivo.
En cuanto a organismos autónomos, el INE tendrá 5 mil millones menos de lo solicitado para un año con el proceso electoral más grande de la historia del país; el TEPJF que garantiza los derechos electorales, contará con 31.2 por ciento menos recursos que en las elecciones de 2018; y el Poder Judicial verá el presupuesto más bajo en el sexenio con 3.6 por ciento menos respecto a 2023. Los recortes en los presupuestos de estas y otras entidades como el INAI y la ASF se traducirán en debilitamiento para cumplir sus funciones.
En contraste, el Cepropie que documenta las actividades del Ejecutivo Federal —incluida la producción de La Mañanera—, en 2023 tiene un aumento de 149% sobre lo aprobado, al gastar 82.5 millones en vez de 33.1.
Conclusión: ¿los presupuestos de los últimos 6 años han priorizado las urgencias y el potencial de desarrollo del país o son reflejo de caprichos e intereses políticos? Por desgracia, la realidad que se impone demuestra que la conclusión es la segunda.
