El próximo 30 de septiembre concluirán los trabajos de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión de la que tengo el honor de formar parte. Como diputada federal he tenido la oportunidad de atestiguar esfuerzos legislativos muy importantes y de impulsar los propios con el ánimo de que el país transite hacia mayores niveles de bienestar, prosperidad y justicia. Pero también he presenciado el comportamiento de una mayoría legislativa incondicional al Ejecutivo Federal que ha contribuido de manera muy significativa a llevar a México a condiciones de retroceso que seis años atrás difícilmente hubiésemos imaginado.
Y es que en muchos de los temas de la agenda pública nacional el actual gobierno federal dejará cuentas y saldos que en algunos casos llegan a ser deplorables y en otros lacerantes.
Dejará una deuda neta del sector público federal 50 por ciento mayor a la recibida en 2018; una tasa de crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto (PIB) del uno por ciento; un déficit fiscal de 5.9 por ciento del PIB (el mayor en cuatro sexenios); una inflación acumulada que no es para presumirse, pues rondará el 32 por ciento; una generación de empleos formales nada destacable; y la necesidad de que el Banco de México elevara la tasa de interés interbancaria a 11.25 por ciento. Esto sólo en materias económico y financiera.
En seguridad pública, los datos sobre homicidios dolosos, personas desaparecidas y feminicidios son más altos que en cualquier otro gobierno. Además, el despliegue del crimen organizado por el territorio nacional y su intervención en asuntos públicos como son las elecciones no tiene equivalente en la historia del país, como tampoco la tiene la cantidad de candidatos asesinados durante los comicios electorales de 2021 y 2024.
Referente al trato con los poderes Legislativo y Judicial, con este último se deja una relación no desgastada, sino rota, y con la plena intención de someterlo mediante una reforma constitucional que habrá la posibilidad para se tengan jueces, magistrados y ministros, muchos de ellos sin preparación ni mérito alguno, pero sí con compromisos para quienes pudieran haberlos apoyado en sus campañas. Esa es la clase de justicia que el actual gobierno quiere heredarnos.
Y qué decir del desastre en infraestructura carretera, portuaria y aérea; de la falta de inversión en educación y salud; de la indolencia para enfermos y para los familiares de quienes perdieron la vida por falta de atención médica y/o medicamentos; del desprecio por la generación de energías limpias; de la desconsideración a las relaciones diplomáticas y de comercio con el exterior; de la casi nula inversión en materia hídrica; y del abandono casi total a los hombres y mujeres del campo.
Sobre las grandes obras de este gobierno (Tren Maya, Dos Bocas, AIFA y, porqué no, Mexicana de Aviación), que generaron sobreprecios y corrupción, estas dejarán pasivos y la obligación de subsidiarlas de por vida, pues nunca serán productivas, o la decisión (inteligente) de deshacerse de ellas.
Toda esta herencia —y más— será una carga muy pesada y difícil de revertir para la administración federal siguiente. No obstante, mantengo la confianza en que nuestra futura presidente encabece un gobierno con rumbo propio.
Este es mi último artículo como diputada federal, lo cual no significa que aleje mi atención del desarrollo de la vida pública de mi país y de mi estado, Nayarit. En tanto me sea posible continuaré externando mis opiniones y reflexiones de manera respetuosa y con ánimo constructivo.
Diputada federal
