Varios temas en la agenda política nacional se nos presentan, y todos de gran trascendencia para el futuro inmediato y mediato del país. Entre estos destacan las pobres finanzas públicas que entregará la actual administración, la conformación del próximo gabinete —tanto legal como ampliado—, si llegado el momento de gobernar Claudia Sheinbaum tomará o no distancia de López Obrador, la “cargada” del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial —en particular contra la ministra presidente de la SCJ—, la creciente inseguridad, el uso sesgado que se le da a la Unidad de Inteligencia Financiera para hostigar a ciertas empresas y determinados personajes de la vida pública.
En esta ocasión voy a referirme al tema político-electoral que aún está pendiente de resolverse y que tiene implicaciones importantísimas en cuanto a la conformación que tendrá el Congreso de la Unión en ambas cámaras.
Como sabemos, de acuerdo con los cómputos del INE y a su cálculo realizado hasta ahora, el bloque conformado por Morena, PV y PT alcanzará la mayoría calificada en la Cámara de Diputados (334 o más escaños), lo que le permitirá por sí mismo sacar adelante no sólo reformas legales, sino también, constitucionales. En el caso del Senado, no alcanzará la mayoría calificada, es decir, 86 o más senadores, por lo que esta instancia legislativa podrá aprobar reformas legales, pero no constitucionales.
Sin embargo, en este tema no todo está dicho, ya que a finales de agosto próximo el INE llegará a la conclusión de cómo quedará la integración final de cada una de las cámaras.
Para el caso de los diputados, la actuación de los consejeros electorales será fundamental, pues cabe preguntarnos si harán o no efectivo el “espíritu del legislador” plasmado en el artículo 54 constitucional, que dice: “En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”. Y es que, el bloque oficialista aludiendo que el artículo 54 refiere a los partidos y no a las coaliciones, pretende una sobrerrepresentación que lo lleve a ocupar 75 por ciento de los asientos al haber contado con 54 por ciento de los votos —que iría en contra de la voluntad del citado precepto constitucional—. Si bien la manera en que resuelvan los consejeros del INE no afectará su mayoría calificada en esa cámara, sí dará una pauta de qué tan comprometidos están con el respeto a la democracia y, eventualmente, qué tanto lo están los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Ahora bien, es de esperarse que en el Senado el bloque incite a algunos senadores a la defección con el propósito de llegar mínimo a los 86 integrantes que le permita tener la mayoría calificada y poder aprobar reformas constitucionales. De darse el caso, la defección podría ser oficial (cambio de bancada) o por proyecto legislativo (respaldando alguna(s) iniciativas(s) o, por ejemplo, ausentándose del Pleno a la hora de votar). En lo personal, deseo que por convicción los senadores de oposición no cediesen a presiones, chantajes o “billetazos”, pero en caso contrario sería muy claro quiénes serían los que traicionan y el desprestigio político y social no sólo sería para ellos, sino también para sus cercanos.
No es exageración cuando se afirma que gran parte de nuestro futuro está en el Senado, pues de aprobarse en este las iniciativas de la tragedia que es el “Plan C”, el país sufriría un grave impacto en su vida institucional y democrática. Como ejemplo está la pretendida reforma al Poder Judicial que en el fondo ni busca mejorar la impartición de justicia ni que los jueces no sean corruptos, sino dar un golpe de Estado “técnico” en el que el Ejecutivo tenga el poder sobre el Poder Judicial, tal como sucede actualmente con el Poder Legislativo.
Con zozobra pienso y escribo: el INE y la oposición en el Senado tienen la moneda en el aire. No obstante, con optimismo también pienso y escribo: independientemente de la composición de fuerzas que se dé en el Congreso, la primera mujer presidente de México sabrá sopesar las consecuencias que tales reformas acarrearían a la vida nacional y, para ello, habría de hacer del diálogo respetuoso con los distintos actores políticos y sociales y del análisis profundo de cada una de esas materias, los elementos que definan su decisión en cuanto a adecuarlas a las realidades económicas, políticas y sociales del país y del entorno internacional.
Diputada federal
