En los últimos cuatro años, hemos atestiguado o padecido el detrimento en la calidad de las funciones y servicios brindados por el Estado: seguridad pública, promoción del empleo, protección al medio ambiente, combate a la pobreza, educación y salud, entre otros.
En esta ocasión me referiré a los servicios de salud pública, en particular al Programa de Vacunación, que por mandato constitucional el Estado Mexicano debe proporcionar a su población.
La primera muestra del deterioro en el sector fue el desastroso manejo de la pandemia del Covid-19, en el que mezclaron factores económicos, políticos, indolencia, irresponsabilidad y desinformación que, según cifras oficiales del Inegi, arrojó un exceso de mortalidad de 800 mil personas. Por cierto, en otros países funcionarios y exfuncionarios están bajo investigación por el mal manejo de la pandemia. Veremos qué sucederá en México con los responsables de tanto contagio y pérdida de vidas.
Posteriormente, se presentó el desabasto de medicamentos oncológicos para niños con cáncer que llevó a cientos de padres de familia a librar batallas ante funcionarios y en juzgados, a descapitalizarse o endeudarse y, lo más grave, a muchos menores fallecidos.
En paralelo, el desabasto generalizado de medicamentos, materiales quirúrgicos y de curación, y la programación de citas médicas que pueden tomarse más de seis meses para concretarse, se han vuelto “el pan de cada día”.
Considerando lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRI reiteró la urgencia de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, se aumentara el gasto en medicinas e infraestructura hospitalaria, propuesta que, por supuesto, fue ignorada por Morena y los partidos Verde y del Trabajo.
En cuanto al Programa de Vacunación que hasta hace poco fue ejemplo mundial por su eficacia y nivel de cobertura, prácticamente ha sido desmantelado y para este año tuvo una disminución presupuestal de 14 mil 713 millones de pesos, en detrimento, sobre todo, de recién nacidos, niños y adolescentes, es decir, del futuro del país. Es alarmante que el cuadro de vacunación ya no se aplique de manera completa por insuficiencia de recursos económicos.
A título personal, presenté a la Comisión de Salud una iniciativa para que la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) sea obligatoria y gratuita en jóvenes entre 13 y 18 años y así combatir uno de los principales factores para desarrollar cáncer cervicouterino y de próstata.
Si bien, en 2012 se incluyó en el esquema nacional con resultados muy favorables, a partir de 2019 el gobierno ha disminuido drásticamente su aplicación pese a que los adolescentes son el rango mayoritario de edad en México. Se estima que 80 por ciento de nuestra población puede estar infectada y que 90 por ciento de las mujeres han tenido alguna vez en su vida el VPH. Es alarmante que la tasa de mortandad media nacional por el virus sea superior a 18 por ciento, situándonos en los primeros lugares a nivel mundial.
Por mi parte, continuaré impulsando con firmeza esta iniciativa en beneficio de niños, jóvenes y población en general; así como otras tantas que impacten favorablemente en nuestra sociedad.
Diputada federal
