Errores.
Hace unos días se conmemoró un aniversario más de los asesinatos de Francisco Madero y José María Pino Suárez, así que vale la pena recordar algo que Paco Ignacio Taibo II escribió en Temporada de Zopilotes. Una historia narrativa de la Decena Trágica. De acuerdo con el director general del Fondo de Cultura Económica, Gustavo Madero solía decir “medio en broma cariñosa medio en terrible confesión”, que: “de todos lo Madero, fueron a elegir presidente al más tonto”. Y es que el líder de la insurrección que terminó con más de treinta años de dictadura porfirista parecía tener prisa por finalizar su etapa como máxima figura política de nuestro país porque cometió errores que al final pagó muy caro.
Los primeros llegaron tras la toma de Ciudad Juárez, ya que en los tratados firmados por los revolucionarios y el Gobierno de Porfirio Díaz se acordó el desarme de todas las fuerzas revolucionarias, lo que prácticamente puso a Madero en manos de sus enemigos. Muchos fueron los que dijeron a don Francisco que mejor licenciara a los federales y mantuviera al ejército revolucionario, pero inexplicablemente el caudillo ignoró sus sugerencias, ya que cuando triunfa una revolución tienden a ser las tropas vencedoras las que prevalecen.
Por otra parte, los Tratados de Ciudad Juárez establecían que, tras la renuncia del Porfirio Díaz, Francisco León de la Barra ocupara la presidencia interina para convocar a nuevas elecciones. ¿Cuál fue el problema con esta decisión?, que León de la Barra era uno de los hombres fuertes del gobierno derrotado, por lo que el cambio en el timón poco modificó el rumbo del barco.
Además, León de la Barra envió a Victoriano Huerta a combatir a las fuerzas revolucionarias de Emiliano Zapata, por lo que el caudillo suriano se distanció de Madero y promulgó el Plan de Ayala, en donde estableció que el pueblo mexicano había luchado “para conquistar sus libertades y reivindicar sus derechos conculcados, y no para que un hombre se adueñara del Poder…
ultrajando la fe, la causa, la justicia y las libertades del pueblo”, desconociendo a Madero como líder de la revolución y presidente de la República, cargo que había jurado unos días antes.
Como si esto fuera poco, Madero incluyó en su gabinete a muchos porfiristas y dejó intactas las cámaras de Diputados y Senadores que, llenas de enemigos suyos, interfirieron con la buena marcha de su administración. Así que a principios de 1913 se sabía que algo iba a pasar. Se rumoraba en la Ciudad de México que miembros del ejército conspiraban para derrocar al presidente y se sentía que la rebelión estaba cada vez más cerca. Lo único que se desconocía era la fecha en que iniciarían las hostilidades.
Fue en la madrugada del 9 de febrero cuando cadetes de la Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan y tropas acuarteladas en Tacubaya se movilizaron rápida y silenciosamente para liberar a los generales porfiristas Bernardo Reyes y Félix Díaz, tomar el Palacio Nacional y detener al presidente Francisco Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez. Solo que los rebeldes no contaron con la capacidad y lealtad del comandante militar de la Ciudad de México, general Lauro Villar, quien defendió Palacio Nacional y rechazó a los rebeldes, quedando herido en el ataque.
En este momento Francisco Madero cometió un error que a la postre fue fatal: nombró a Victoriano Huerta jefe de sus tropas y le encargó terminar con la rebelión en el menor tiempo posible. Solo que Huerta tenía otros planes, por lo que preparó ataques contra la Ciudadela –lugar en el que se refugiaron los pronunciados– que lo único que hacían era terminar con la vida de sus mejores soldados y negoció en secreto con Manuel Mondragón y Félix Díaz, líderes de los alzados, ya que Bernardo Reyes murió en el ataque a Palacio Nacional.
Sin embargo, a pesar de que Huerta tomó muchas precauciones, no pudo evitar que Gustavo Madero se diera cuenta de su traición, lo arrestara y llevara con su hermano Francisco. Pero el presidente ignoró las acusaciones y dejó libre al traidor. 24 horas después Gustavo Madero había sido asesinado y el presidente Madero, el vicepresidente José María Pino Suárez y el general Felipe Ángeles estaban prisioneros en Palacio Nacional.
El epílogo lo conocemos historia todos: el 22 de febrero de 1913, Madero y Pino Suárez fueron sacrificados en Lecumberri. Poco antes de su muerte, Madero le comentó al diputado Federico González Garza: que como político había cometido dos graves errores que causaron su caída: intentar contentar a todos y no confiar en sus verdaderos amigos.
¿Errores?
Uno de los sectores que más apoyaron a Andrés Manuel López Obrador en su camino a la presidencia de México fue el de los académicos del sistema de Centros Públicos de Investigación (CPI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), quienes tras el triunfo del tabasqueño han visto disminuir los recursos de sus centros de trabajo, medida que ha dificultado el desempeño de sus labores y dejado a mucha gente sin trabajo.
Además, para no ir tan lejos, esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) deberá tener un tope máximo de 10 Unidades de Medida de Actualización, mejor conocida como UMA, lo que en la práctica significa una disminución del 40%, ya que al momento de escribir estas líneas la UMA de 89.62 pesos, mientras que el salario mínimo diario es de 141.70 pesos.
No es todo, la mencionada SCJN está revisando una jurisprudencia que no solo vulnera los derechos laborales de los académicos de los centros de Investigación señalados, sino que atenta contra su libertad de estudio y expresión.
Es la Jurisprudencia P./J. 1/96, bajo la cual se considera a los investigadores como personal de base de sus instituciones –con derecho a agruparse en sindicatos que pueden negociar su contratación colectiva–, pero que con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serían considerados como personal de confianza.
¿Qué significa esto? Que las autoridades de sus respectivos centros podrían definir unilateralmente sus condiciones de trabajo y despedir a quienes no actúen de acuerdo a sus intereses, lo que en la práctica atentará no solo contra la investigación y la generación de conocimiento en nuestro país, sino contra la libertad de expresión de un sector que ha sido muy crítico con los gobiernos en turno y contribuyó en buena medida a la alternancia política que hoy vive México.
No es algo menor, México necesita voces informadas y críticas, no a los aplaudidores incondicionales que tanto hemos visto en todas las corrientes políticas. Es fundamental que los investigadores cuenten con condiciones laborales que les permitan generar y difundir el conocimiento generado por su trabajo sin preocuparse por herir susceptibilidades e intereses de grupo. Y deben tener también la posibilidad de expresar sus opiniones de manera libre y como marca la ley. Considerarlos trabajadores de confianza, como pretende la Jurisprudencia P./J. 1/96, atenta contra todo ello.
Así que, aunque entiendo perfectamente el tema de la separación de poderes, ¿medidas como las mencionadas no contribuirán a que en cien años se hable de los errores que acabaron con la 4T?
