Un grupo de magistrados y jueces de distrito lleva semanas amenazando con realizar una moratoria judicial si se continúa con la implementación de la Reforma al Poder Judicial. Esta amenaza surge en el contexto de la conclusión de los Diálogos Nacionales sobre la reforma, organizados por la Cámara de Diputados. En estos diálogos, se escucharon las voces de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes tuvieron la oportunidad de exponer sus opiniones, al igual que especialistas, académicos, asociaciones de magistrados y jueces, sindicatos, integrantes del Poder Judicial de la Federación, así como legisladores del Congreso de la Unión y de las entidades federativas, y la presidenta del Instituto Nacional Electoral.
Este chantaje de algunos magistrados y jueces nos recuerda la moratoria legislativa implementada por el PRIAN, cuando sus diputados y la mayoría de sus senadores se negaron a votar a favor de las reformas que elevarían a rango constitucional los programas sociales de bienestar impulsados por Morena y sus aliados. En ese momento, el PRIAN apostó que votar en contra de reconocer esos apoyos como derechos humanos le traería beneficios en las urnas. El 2 de junio, el pueblo mexicano les pasó la factura de ese error de cálculo.
No es casualidad que los magistrados y jueces de distrito ahora amenacen también con una moratoria judicial que generaría un paro de labores, impidiendo que miles de personas accedan a la justicia pronta y expedita que la Constitución reconoce como un derecho humano. Aquellos que planearon la moratoria legislativa del PRIAN parecen estar detrás de la moratoria judicial que ahora promueven algunos magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación. Quizás nunca sepamos si esta táctica surgió como uno de los puntos de acuerdo de aquella cena secreta del 12 de diciembre en una casa de Lomas de Chapultepec, donde se reunieron la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, y Alito Moreno, presidente reelecto del PRI, a quien la ministra calificó como su “amigo” y “aliado”.
A pesar de su similitud, hay una diferencia crucial entre la moratoria legislativa del PRIAN y la que ahora proponen algunos magistrados y jueces de distrito. El paro que planean en el Poder Judicial podría considerarse un delito, ya que el artículo 225, fracción VIII, del Código Penal Federal establece que “retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia” es un delito castigado con prisión de tres a ocho años y una multa de treinta a mil cien días.
A pesar de esa disposición que podría tipificar como delito el paro de labores de jueces y magistrados, algunos sostenemos que debe respetarse su derecho a manifestarse. Ni el gobierno federal ni los estatales deben impedir estas expresiones en contra de la reforma. Al contrario, el gobierno debe continuar con su acertada estrategia de nunca reprimir, y mucho menos emplear la fuerza pública contra las manifestaciones.
Esta estrategia de paro judicial no afecta ni desacredita al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, a Morena ni a los partidos aliados, como desearían quienes la promueven. No. La moratoria judicial afectará únicamente a quienes ya han tenido la desventura de recurrir a los órganos jurisdiccionales para resolver una controversia. Esta acción violará los derechos humanos de acceso a una justicia pronta y expedita que los jueces, magistrados y ministros juraron cumplir.
Por eso, dejemos que sea la ciudadanía quien juzgue esa estrategia. Quizás algunos jueces, magistrados e incluso ministros deseen participar en las elecciones universales, directas y secretas que se implementarán con motivo de la Reforma al Poder Judicial. Sin lugar a dudas, el pueblo de México recordará a aquellos que optaron por irse a un paro judicial. Sus nombres estarán presentes al momento de votar. Basta observar el resultado de la moratoria legislativa en los votos recibidos por el PRIAN para predecir con alta precisión el resultado de esta moratoria judicial. Recordemos siempre que las sentencias que emite el pueblo de México en las urnas son implacables e inapelables.
