La reforma al Poder Judicial, anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero, ha generado inquietud tras los resultados electorales que dieron a la Dra. Claudia Sheinbaum, a MORENA y sus aliados, el mandato necesario para ejecutar el “Plan C”. Este plan permitirá a MORENA y sus aliados reformar el Poder Judicial desde el texto constitucional.
La cúpula del PRIAN, humillada en las urnas, enfrenta ahora la fuerza de la democracia, el Poder del Pueblo, que en menos de un sexenio les arrebató prácticamente todos los estados que gobernaban, dejándolos con una representación mínima en el Congreso. Ahora, se inicia el camino hacia la democratización del Poder Judicial, una institución que ha sido refugio de impunidad gracias a ministros cómplices designados para defender los intereses de una oligarquía rapaz.
Recordemos las reuniones secretas entre la ministra Norma Piña y el presidente del PRI, “Alito” Moreno, o el boicot a las funciones del Congreso que invalidó 74 leyes y reformas aprobadas por la mayoría del Senado y de la Cámara de Diputados. Algo nunca visto durante los gobiernos del PRIAN.
Sin representación democrática en el Legislativo, la estrategia del PRIAN es infundir miedo y desacreditar la reforma y el parlamento abierto que la discutirá. La reforma propone que la SCJN pueda postular a 5 mujeres y 5 hombres aptos para el cargo de ministra(o); lo mismo podrá hacer la próxima presidenta y el Poder Legislativo, a través del Senado y la Cámara de Diputados. Así, cada poder envía una lista de 10 personas. Para garantizar certidumbre, el INE organizará las elecciones, coincidiendo con las elecciones ordinarias. El pueblo votará en un mismo día a sus representantes del Ejecutivo, Legislativo y ahora también del Judicial.
Dentro del Poder Judicial se crea un Tribunal de Disciplina Judicial, para vigilar y disciplinar a ministros, magistrados y jueces, y en su caso sancionarlos. Hoy el artículo 94 de la constitución impide expresamente al Consejo de la Judicatura vigilar y disciplinar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Además, la ministra Norma Piña además de presidenta de la corte, es presidenta de ese consejo que debería vigilar el actuar de todo el personal del Poder Judicial.
La reforma reduce el número de ministros de 11 a 9 y su periodo de 15 a 12 años y fortalece la transparencia al eliminar las sesiones secretas del Pleno de la (SCJN)
La creación del Órgano de Administración Judicial busca evitar despilfarros, nepotismo o complicidad. Se elimina el derecho a pensión por retiro y se establece que los ministros no ganen más que la presidenta de la República.
En conclusión, la reforma de 16 artículos constitucionales y 11 transitorios, lejos debilitar al Poder Judicial, fortalece su independencia y legitimidad. Crea un equilibrio real entre los 3 poderes. Ahora, las y los ministros gozarán de la legitimidad que da el voto del pueblo, para estar en igualdad de condiciones ante quienes son electos para los otros dos poderes.