En un penoso y desesperado acto, la oposición decidió "quemar sus naves." Se consumó una aberración jurídica por parte de los jueces de distrito Martha Eugenia Magaña López y Felipe V. Consuelo Soto, quienes ordenaron que, en caso de que la reforma constitucional al Poder Judicial sea aprobada en el Congreso de la Unión, no pueda ser enviada a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para su ratificación. El objetivo es seguir robándole al pueblo de México el derecho a elegir a sus jueces, magistrados y ministros, privándolo así de la soberanía que le otorga el artículo 39 de la Constitución.
La inconstitucionalidad y falta de legalidad de las acciones de estos jueces es evidente en el contexto jurídico en el que operan. Otorgaron una suspensión que impide a las Cámaras de Diputados y Senadores continuar con el proceso legislativo, respaldándose en un amparo presentado por magistrados que solo buscan proteger sus intereses personales. Esta decisión, lejos de respetar el marco constitucional, es una intervención indebida y premeditada para frenar la voluntad popular de avanzar hacia un Poder Judicial más democrático y accesible. En lugar de limitarse a su rol, estos jueces han optado por entorpecer, sin tener facultades para ello, el proceso legislativo contemplado por el artículo 72 de la Constitución, para impedir el ejercicio soberano del pueblo. Esto muestra un claro sesgo que demuestra parcialidad y la ausencia de compromiso con la justicia.
La admisión de la demanda de amparo, que además se da durante el supuesto paro judicial que afecta a la población, evidencia el dolo con el que actúan los jueces Martha Magaña y Felipe Consuelo, ya que existe una causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo que debieron identificar para desechar la demanda. Aunque la fracción I de dicho artículo señala que el amparo es improcedente "contra adiciones o reformas a la Constitución", esta no es la fracción aplicable en este caso, pues la reforma aún no ha ocurrido y solo se materializaría una vez que entre en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La causal de improcedencia aplicable es la contemplada en la fracción XII del mismo artículo 61, que indica que el amparo es improcedente "contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º". Este último artículo establece que para que proceda el amparo es necesario que el acto reclamado produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, lo cual no ocurre en este caso, ya que la aprobación del dictamen en las cámaras de Senadores y Diputados, al momento de la presentación de la demanda la semana pasada, constituye un acto futuro de realización incierta. Por lo tanto, el interés jurídico y legítimo de los quejosos aún no se ve afectado, tal y como ha establecido la jurisprudencia del propio Poder Judicial de la Federación. En resumen, la jueza y el juez debieron desechar la demanda por improcedente.
Uno de los argumentos de los opositores a la Reforma al Poder Judicial es que solo los jueces, magistrados y ministros actuales poseen la capacidad intelectual para estos cargos, y que si el pueblo los eligiera, personas inexpertas llegarían a impartir justicia. Sin embargo, la suspensión otorgada por los jueces expone el dolo, sesgo e ilegalidad que prevalece en la justicia del país. De acuerdo con el artículo 51 de la Ley de Amparo, la jueza Martha Magaña debió haberse excusado del caso, ya que la fracción I del artículo establece que los jueces de distrito deben excusarse si tienen un interés personal en el asunto que motivó el acto reclamado. Este evidente conflicto de intereses pone en duda la imparcialidad de sus decisiones y subraya la necesidad urgente de una reforma profunda en el sistema judicial. Un claro ejemplo de ello es la participación de la jueza en un evento organizado por el PRIAN, encabezado por Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada en el Zócalo capitalino, el pasado 19 de mayo, lo cual quedó documentado en dos publicaciones en su cuenta de "X". Esto confirma las denuncias sobre cómo el Poder Judicial ha sido convertido en el último bastión del conservadurismo.
Después de la humillante derrota que el pueblo de México le propinó a la oposición encabezada por el PRIAN en las elecciones del 2 de junio, las cúpulas de esos partidos, en complicidad con la aristocracia del Poder Judicial de la Federación y con una minoría clasista, nacional y extranjera, acostumbrada a obtener privilegios en México con base en el tráfico de influencias y la corrupción, iniciaron una estrategia cuya finalidad es deslegitimar y desacreditar, ante gobiernos extranjeros, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Concibieron la implementación de la estrategia en varias fases. Primero, difundir en la opinión pública nacional y extranjera la farsa de la “sobrerrepresentación,” para sembrar la mentira de que Morena y aliados se “agandallaron” curules que por ley nos les correspondía. En paralelo, y ante la inminente reforma constitucional al Poder Judicial, se utilizó la táctica de defender los privilegios de la élite que tiene secuestrado a ese poder, poniendo como carne de cañón al personal administrativo y a los jueces y magistrados, y difundiendo entre otras mentiras aquellas que versan sobre la supuesta falta de capacidad intelectual del pueblo de México para elegir a las personas juzgadoras, o que se afecta la autonomía del poder judicial, o bien que se vulnera la carrera judicial.
Agotadas estas fases, los conservadores recurrirían a gobiernos extranjeros que defienden los mismos intereses que los grupos más conservadores, así como a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o la Organización de Estados Americanos, para pedir que desde el exterior se condenen los actos que el gobierno, democráticamente elegido y con un mandato legítimo del pueblo, implemente en ejercicio de su soberanía. La derecha mexicana apuesta que la presión extranjera obligará a la presidenta electa a desistir de las reformas constitucionales que desmantelarán las estructuras de corrupción, privilegios y saqueo de las riquezas nacionales, que durante las décadas del neoliberalismo construyó la aristocracia mexicana en perjuicio del interés común.
El Pueblo de México está al pendiente de las acciones de la oposición, viendo y juzgando. Pronto les demostrará que volvieron a equivocarse.
