¿Por qué se ha discutido tanto la elección presidencial de Venezuela? Este año, 65 países tienen elecciones en sus agendas. Sin embargo, ninguna ha sido objeto de tanto escrutinio público como la de Venezuela. Algunos dirán que es por la crisis humanitaria; otros, por la devastadora crisis económica; también se mencionan las violaciones a los derechos humanos, la supuesta dictadura y la injerencia extranjera que ha amenazado a Venezuela durante décadas. Enfocar el análisis en estos aspectos es como diagnosticar una enfermedad solo por sus síntomas sin investigar la raíz del problema. La atención debe centrarse en la disputa geopolítica que representa Venezuela, un escenario de confrontación de intereses internacionales.
La raíz se remonta a décadas atrás, pero el conflicto se intensificó con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia en 1999. Identificado como socialista y antiimperialista, Chávez soportó un golpe de estado en 2002, por el que asumió la presidencia Pedro Carmona Estanga, cabeza de Fedecámaras, la principal organización empresarial del país. Este golpe fue provocado por la promulgación de 49 decretos que buscaban reducir la participación de empresas privadas, principalmente extranjeras, en sectores estratégicos, para proteger los recursos nacionales y asegurar que los beneficios llegaran a la mayoría de la población. El derrocamiento solo duró 47 horas.
Hoy, que la mayoría de los países han decidido desconocer los resultados oficiales de las elecciones en Venezuela de la semana pasada, resulta crucial la actuación de México en los esfuerzos por construir paz y estabilidad en América Latina. México no puede aprobar la amenaza, represión o encarcelamiento de opositores, ni el uso de instituciones de seguridad para generar más violencia y reprimir manifestaciones. Pero tampoco puede erigirse como autoridad electoral para calificar elecciones en países extranjeros. Mucho menos puede aceptar que Estados Unidos, nuestro vecino, socio y gran aliado, imponga sanciones a Venezuela u otro país, cuando estas se convierten en herramientas para generar crisis y precariedad en la población, canalizando la inconformidad y traduciéndola en golpes de estado y derrocamiento de gobiernos.
El petróleo es clave para entender la crisis actual. Venezuela tiene la mayor reserva probada de petróleo en el mundo, con más de 303 mil millones de barriles, casi seis veces más que las reservas de EE.UU., que rondan los 55 mil millones, y 50 veces más que las de México, que son de 6 mil millones de barriles. Un momento clave para la crisis de Venezuela fue la privatización de la industria petrolera que realizó Chávez en 2007, afectando a empresas americanas como ExxonMobil y ConocoPhillips.
Tras la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro asumió la presidencia y de inmediato comenzaron las dificultades con EE.UU., pues el gobierno de Barack Obama, a través de su secretario de Estado, John Kerry, respaldó la solicitud de recuento de votos de la oposición venezolana. Un año después, el senador Robert Menendez, del Partido Demócrata, promovió la Ley de Defensa de Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela, que marcó el inicio de sanciones impuestas por EE.UU. contra Venezuela. Hace tres semanas, el senador fue condenado en EE.UU. por corrupción, sobornos y extorsión. Le encontraron lingotes de oro en su casa y dinero oculto en sus trajes.
Las sanciones subsecuentes que impuso EE.UU. a la compañía petrolera de Venezuela, PDVSA, exacerbaron el hambre y la escasez de medicamentos, según dos reportes de especialistas de la ONU, Idriss Jazairy y Michael Fakhri. Jazairy señaló en 2019 que recibió informes indicando que esas sanciones buscaban cambiar al gobierno de Venezuela, y sentenció que el uso de sanciones implementadas por poderes extranjeros para derrocar gobiernos electos viola todas las normas de derecho internacional. Fakhri, en 2024, hizo un llamado para que se revisen y levanten inmediatamente las sanciones sectoriales impuestas a Venezuela, por ser un factor, entre otros, que ha limitado la capacidad presupuestaria del Gobierno para implementar programas de protección social y prestar servicios públicos básicos.
La desacreditada Organización de Estados Americanos (OEA) cometió un nuevo desatino la semana pasada al erigirse como autoridad electoral y calificar la elección de Venezuela incluso antes que las propias autoridades electorales de ese país. Luis Almagro, el ultraconservador Secretario General, cuestionó: “Entonces, ¿podríamos discutir acá cuánto tiempo les vamos a dar para que aparezcan las nuevas actas? ¿Les damos dos días más, dos semanas más, dos meses más? ¿Cuánto necesitan técnicamente para presentar esas actas?”, lo que implica que la OEA tiene la autoridad para decidir sobre los plazos electorales, una falta de respeto absoluta a la soberanía venezolana.
Ese desatino de la OEA es acorde con las críticas de que es un simple instrumento de los intereses de Estados Unidos, que ya ha reconocido a Edmundo González, el candidato de la oposición, como el ganador de la elección, tal como reconocieron en 2019 a Juan Guaidó. El cabildeo de EE.UU. logró que 60 países lo reconocieran.
México no debe cometer el error de la OEA y de los países que han reconocido a uno u otro de los candidatos. La vía acorde con el derecho internacional y los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos es la que ha implementado el presidente Andrés Manuel López Obrador junto con Brasil y Colombia, pidiendo una verificación imparcial de los resultados y la publicación de las actas electorales por parte de las autoridades venezolanas.
