“Somos el tomo 221: las víctimas, los peritos independientes, los periodistas, los defensores”. Con estas palabras, Ana Lorena Delgadillo , defensora de derechos humanos, resumió el hallazgo del tomo 221 de la investigación que la subprocuraduría especializada en delincuencia organizada inició en contra suya, de Marcela Turati , periodista, y de Mercedes Doretti , antropóloga forense, en 2016. El delito del cual se les acusaba a estas personas era el de secuestro y delincuencia organizada respecto al caso de San Fernando en el que más de 72 migrantes fueron brutalmente asesinados en 2010. Y, ¿cómo fue posible que las propias víctimas que denunciaron, que una defensora, una periodista y una forense que dedicaron su tiempo y su esfuerzo para apoyar la investigación de este caso fueran ellas mismas las investigadas? Una palabra lo resume todo: la impunidad.
Pero esta impunidad puede explicarse de mejor manera volteando a ver el centro de la misma: la labor de las fiscalías. En México vivimos una crisis de impunidad por la labor de las fiscalías. En algunos casos tiene que ver con temas de falta de personal, falta de organización, de capacitación, de modelos de gestión, pero no podemos dejar de lado que también vivimos una crisis de impunidad porque las autoridades encargadas de investigar los delitos que ocurren están coludidas con las personas que los cometen. Esa es la verdadera delincuencia organizada, la que no distingue entre personas del Estado y criminales, la que al final busca hacer valer sus intereses a través de la violencia y que esperan que nunca se conozca la verdad ni se obtenga justicia para estos casos.
El hallazgo de este tomo de investigación, en el que se encontró evidencia de cómo la entonces PGR destinó recursos valiosos para investigar y rastrear la ubicación de los que deberían ser protegidos y escuchados, debería alarmarnos a todos. Porque manda una señal muy preocupante a todas las víctimas, defensores, periodistas y peritos en este país: el de que las instituciones de justicia no sólo no están de su lado, sino que podrán serán usadas en su contra. Esto sigue ocurriendo no sólo porque no se investigan los delitos que ocurren, sino porque tampoco se investiga a las autoridades que son cómplices de estos delitos y que con su actuar acaban poniendo en peligro a las personas e instituciones que se dedican a llegar a la verdad de estos casos. Por eso no podemos soltar la denuncia que se interpuso esta semana en contra de las autoridades al frente de esta investigación ilegal contra periodistas, defensores, peritos y víctimas.
Muchas cosas tiene de preocupante este caso: el saber que probablemente no es el único, que hay muchos otros activistas, defensores y peritos siendo investigados actualmente. El pensar que algunas de las autoridades que realizaron esta investigación ilegal están todavía en la FGR. Así como la impotencia de saber que este tipo de investigaciones tan urgentes y puntuales las podrían estar realizando sobre los casos reales de desaparición de personas.
Cuando le cuento a la gente sobre mi trabajo, casi siempre me dicen: ¿cómo es posible que te dediques a eso? Siempre les respondo lo mismo: porque creo que podemos vivir en un país más justo y menos violento si cada quien desde su lugar hacemos un poco por cambiar la realidad tan desigual, injusta y violenta en la que vivimos. Pero esto no podrá ser el caso si nosotros como sociedad no defendemos a todas las personas que han sufrido una injusticia y a todas las personas que dedican sus esfuerzos y su vida a defender a estas personas. No son solo las víctimas de San Fernando, Ana Lorena, Marcela y Mercedes, somos todos. Esa denuncia es un caso por el que todos tenemos que protestar por que se haga justicia, porque todos somos el tomo 221.
@itelloarista