Desabasto de medicamentos para tratar el cáncer, la diabetes, la hipertensión, el VIH, la epilepsia, la insuficiencia renal, el parkinson y la esclerosis múltiple. Estas son las enfermedades que más reportes ciudadanos generaron en el 2020 en la plataforma cerodesabasto.org, un proyecto colectivo que analiza y visualiza el desabasto de medicamentos en el país por estado, por enfermedad y por tipo de medicamento faltante.
Esta escasez generalizada de medicamentos en México es producto de una fallida estrategia anticorrupción y de ahorro por parte de la actual administración. Así lo documenta la investigación Operación Desabasto, de Alejandro Melgoza y Denise Tron, publicada esta semana por las organizaciones Impunidad Cero y Justicia Justa. La investigación analiza y explica las acciones gubernamentales que condujeron al desabasto actual de medicinas: la centralización de las compras de medicamentos en la SHCP, el veto presidencial a las tres principales distribuidoras de insumos médicos, la pelea con Pisa y la desaparición del Seguro Popular.
Además de documentar y analizar estas decisiones, la investigación explica las políticas que se están implementando actualmente para intentar hacer frente al desabasto ocasionado. Principalmente, el encargarle a la UNOPS, un organismo de la ONU, las compras de medicamentos para el resto del sexenio y el convertir a Birmex en la distribuidora nacional de medicinas. Sin embargo, para que estas dos propuestas logren hacer frente a la escasez actual, se tienen que resolver algunas cuestiones todavía. Sobre todo el tema de distribución y almacenaje de medicamentos.
Este martes, en la conferencia vespertina, el subsecretario Hugo López-Gatell se comprometió a hacer público el plan para distribuir medicamentos en 2021, después de que el periodista Alejandro Melgoza le preguntara qué estrategia tiene el gobierno federal para hacer frente, a corto plazo, al tema de distribución de medicamentos, dado que Birmex, la empresa designada para realizar dicha función, actualmente no cuenta con las capacidades logísticas, ni de infraestructura o personal para lograr la distribución de insumos médicos a todas las regiones del país.
En lo que se hace público este plan de distribución, es necesario cuestionar públicamente por qué se decidieron tomar estas decisiones tan radicales respecto a la compra y distribución de medicamentos sin tener planes de implementación graduales que evitaran trastocar la disponibilidad de insumos, ni poner en riesgo la vida de miles pacientes que dependen de estas medicinas para continuar con su tratamiento.
El alegar que había corrupción, sobreprecios y mafias de poder en la compra de medicamentos no es una respuesta convincente a esta pregunta. Y no lo es, no porque no se reconozca que estos problemas existían y debían resolverse, sino porque me parece inconcebible que se cuestione siquiera que una estrategia anticorrupción pueda hacerse a costa de vidas humanas. Si habían identificado problemas respecto a la compra de medicamentos en las anteriores administraciones, podían encargarle a la UNOPS que supervisara las compras del IMSS, sin empezar un programa de cero. Si consideraban que existía un oligopolio respecto a la distribución, que empezaran a construir su empresa nacional de distribución paulatinamente. Si había corrupción en la asignación de contratos de medicamentos, que iniciaran las investigaciones correspondientes y se sancionara a los responsables. Lo que perturba tanto de estas decisiones es que se parte nuevamente de un diagnóstico innegable y urgente: acabar con la corrupción, pero se ejecuta de una manera improvisada e ineficiente generando un mayor cúmulo de problemas. En otros casos las consecuencias de estas fallidas estrategias anticorrupción pueden ser poco visibles, pero en este tema hablamos de las salud de miles de personas.
Por otro lado, conviene recordar que la corrupción la cometen personas y no instituciones. Intentar acabar con la corrupción destruyendo instituciones y programas es lo más perjudicial y fútil que puede hacerse. El sistema de compra de medicamentos se arruinó en el país, pero los funcionarios y empresarios que lucraron con él durante años siguen impunes.
