Ayer se dio a conocer el nombramiento de Raquel Buenrostro como parte del gabinete de Claudia Sheinbaum al frente de la Secretaría de la Función Pública. Al hacer pública esta designación se le calificó a la futura secretaria como incorruptible. Dado el peso que tiene la SFP en el combate a la corrupción se esperaría que la persona encargada de dirigir esta institución tuviera esta característica. Sin embargo, conviene hacer un recuento de su pasado en temas de anticorrupción para hacer una mejor valoración de algunos de los temas que pueden figurar en la agenda anticorrupción en el siguiente sexenio.
Uno de los principales temas anticorrupción en los que figuró la participación de Buenrostro tuvo que ver con la compra de medicamentos. Y es que en un intento por reducir la corrupción en compras públicas se tomó la decisión al inicio del sexenio de pasar esta atribución, incluida la compra consolidada de medicamentos, a la oficialía mayor de la SHCP bajo la dirección de Buenrostro. Este cambio vino acompañado de un veto presidencial a las principales distribuidoras de medicamentos aduciendo un cártel farmacéutico que se había adueñado de las licitaciones en el país.
Aunque se dijo que se había logrado acabar con la corrupción en las compras de medicamentos al quitar a los distribuidores de por medio, el sistema de compras encabezado por la futura titular de la SFP pasó después a ser responsabilidad de la UNOPS, luego del Insabi, el IMSS-Bienestar y ahora de Birmex. Ante este panorama, la pregunta que conviene hacer respecto a lo que viene para la Secretaría de la Función Pública tiene que ver con los funcionarios que participan en actos de corrupción. Si el problema con la compra de medicamentos eran las farmacéuticas y el monopolio de las distribuidoras, ¿por qué no se arregló el tema del desabasto después de vetarlas y en su lugar se dieron tantos cambios en las autoridades responsables de comprar medicamentos? Por otro lado, ¿por qué las inhabilitaciones que se hicieron a los integrantes del supuesto cártel farmacéutico por parte de la SFP se lograron anular? Aunque se aduce corrupción en el Poder Judicial no se puede dejar de lado la responsabilidad que tuvo esta secretaría en el proceso.
Ante este panorama otra pregunta que surge es qué se puede hacer desde la Secretaría de la Función Pública para garantizar mecanismos de denuncia interna que permitan investigar casos de corrupción y de protección a denunciantes o alertadores de corrupción. En el tema de compra de medicamentos no queda claro qué se ha hecho actualmente para investigar los fallos en los mecanismos de compra en la pasada y en la actual administración, así como las sanciones a funcionarios que se hayan dado en el proceso.
La corrupción se da por parte de empresas y de funcionarios públicos. Si se quiere realmente hacer frente a la corrupción desde la Secretaría de la Función Pública se tiene que tomar en cuenta la cadena de impunidad administrativa. Es decir, las fallas en el sistema de denuncia y quejas, así como en la integración de expedientes de responsabilidades administrativas que devienen en impunidad. Al final para entrarle al tema de la corrupción desde la SFP se tiene que investigar cómo reducir la impunidad administrativa y esto pasa por mejorar los mecanismos para conocer casos de corrupción, así como los procesos para iniciar expedientes e investigaciones sólidas que terminen en sanciones concretas. Ojalá ahora sí se decida entrarle al tema de impunidad en temas de corrupción y no sólo al tema de cambiar sistemas como intento de erradicar la corrupción.