Este sexenio se ha visto marcado por un grave retroceso en temas de transparencia. La propuesta de reforma constitucional que pretende eliminar al Inai y otros órganos autónomos es tan sólo uno más de los distintos ataques al derecho a la información pública que se han dado en la actual administración. Sin embargo, no sólo se ha hecho un esfuerzo por ocultar información pública, así como por dificultar el contar con un órgano autónomo que garantice este derecho, también se han manipulado datos y registros públicos en un intento por tergiversar los problemas sociales que persisten en el país como es el caso de la corrupción y la violencia.
Las “otras contrataciones” en Compranet
Respecto al registro de licitaciones y contratos en el sistema de Compranet, en esta administración ha aparecido una nueva categoría de “otros” para designar la forma en que se llevó a cabo una compra. En administraciones pasadas existía la posibilidad de saber si una compra se había dado por adjudicación directa, por invitación restringida o por licitación pública. Durante la actual administración empezó a utilizarse la figura de los “otros” u “otras contrataciones” que impide saber si las compras reportadas en el sistema se hicieron por adjudicación directa. El uso de esta categoría intenta ocultar el aumento en adjudicaciones directas que se ha dado en la actual administración, lo cual a su vez deja en duda la serie de irregularidades y posibles hechos de corrupción que se presentaron en esas compras.
Los homicidios dolosos que se reportan como accidentes o no determinados
El tema del supuesto cambio y disminución en el número de homicidios dolosos en el país tiene que ser analizado con mucho detenimiento. Si se analizan los datos de estadísticas de defunciones registradas por el Inegi, se puede observar un aumento en el número total de muertes accidentales y violentas en la actual administración. Sin embargo, al analizar la categoría en la que se ha dado este aumento se aprecia el aumento en número de accidentes, de suicidios registrados, así como en el número de muertes en las que se declara que no se determinó la causa. En cambio, se observa una reducción en el número de homicidios reportados. Dado que estos registros se basan en certificados de defunción, no se puede descartar que la reducción en el número de homicidios reportados tan solo se debe a una mala clasificación en alguna de las otras categorías que reportan alzas constantes en la actual administración.
La desaparición de registros de desaparecidos
También se tiene que hablar de la drástica reducción en el número de personas reportadas como desaparecidas debido al “nuevo censo” realizado para actualizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Como producto de este censo se aumentó extraordinariamente el número de personas localizadas (31%), al mismo tiempo que muchos registros desaparecieron, reduciendo el número de 110,964 a tan sólo 12,377. Gracias a la revisión de la versión pública del nuevo registro por parte de familiares y colectivos de búsqueda, se han podido identificar un gran número de desapariciones de registros de denuncias y de procesos de búsqueda. El deterioro que ha experimentado la calidad de este registro en la actual administración es alarmante y conlleva un proceso de revictimización para los miles de personas que buscan a sus familiares en este país.
Estos tres casos revelan un patrón de ocultamiento de información intencional con miras a borrar datos administrativos respecto a casos de corrupción y niveles de inseguridad en el país. Si se intenta desvanecer el registro administrativo de estos hechos eso no oculta o modifica estas realidades, pero sí hace mucho más difícil diseñar políticas públicas adecuadas para revertir estos problemas.
