Ayer se hizo pública la decisión de un tribunal administrativo de denunciar ante la FGR al secretario de Salud, al secretario de Hacienda y a la Oficial Mayor de Hacienda por no cumplimentar la suspensión otorgada al amparo promovido por Justicia Justa a nombre de la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica, una agrupación de 300 oncólogos y hematólogos pediatras que se encargan del diagnóstico y tratamiento de los niños, niñas y adolescentes con cáncer y otras enfermedades en la sangre. En este artículo explicaré un poco por qué se llegó a esta determinación y qué implica.
Este amparo se interpuso desde mayo de 2020 y fue novedoso por muchas razones. Primero porque se promovió a nombre de una agrupación de doctores, segundo porque pedía que se reabastecieran más de 30 medicamentos necesarios para el tratamiento del cáncer infantil que se reportaban con desabasto en los hospitales públicos del país y tercero porque identificaba como autoridades responsables del desabasto de estos medicamentos a funcionarios federales de alto nivel, entre ellos el secretario de Salud, el secretario de Hacienda y la oficial mayor de Hacienda. Ya que, de acuerdo a la Ley General de Salud, es responsabilidad de la Secretaría de Salud garantizar los insumos y medicamentos necesarios para prestar atención médica y cumplir con el derecho a la prestación de servicios de salud. Debido al cambio del modelo de compras que se hizo al inicio de esta administración, esta responsabilidad recaía también en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la Oficialía Mayor de esta dependencia, por ello también eran autoridades responsables de violentar el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes con cáncer.
Lo que ocurrió con este amparo es que se otorgó la suspensión para que las autoridades señaladas como responsables, hicieran las gestiones urgentes correspondientes para garantizar el abasto de medicamentos oncológicos y proteger la salud y la vida de los niños afectados. En lugar de hacerlo, las autoridades primero negaron su responsabilidad y luego dieron prueba de haber cumplido, informando de compras que se habían hecho con anterioridad, en lugar de reestablecer el sistema de compra de medicamentos y comprobar que las medicinas ya estaban en los hospitales que los requerían. Como no se ha podido verificar que los medicamentos oncológicos ya están en los hospitales que los necesitan, la organización Justicia Justa siguió interponiendo quejas para pedir a las autoridades que cumplimentaran la suspensión.
Es muy importante lo que determinó el Tribunal Administrativo al dar aviso al Ministerio Público sobre el delito de no cumplimiento de la suspensión por varios motivos. Primero porque reconoce que sigue sin protegerse el derecho a la salud y a la vida de los niños, niñas y adolescentes que padecen algún tipo de cáncer en el país y que a la fecha no cuentan con sus tratamientos para hacer frente a estas enfermedades. Segundo porque pone el foco de atención en las autoridades responsables del desabasto. Los cuales no son los doctores, ni los directores de hospitales, sino autoridades federales del más alto nivel que siguen sin dar solución al problema de desabasto de medicamentos que ellos mismos ocasionaron al cambiar de forma intempestiva y sin un plan de implementación gradual la cadena de suministro de medicamentos en el país. Tercero porque pide resultados claros para cumplimentar la suspensión. Al final, de nada sirven las conferencias de prensa ni los comunicados que presumen resultados falsos respecto a la compra de medicinas, ya que lo que se requiere son las medicinas en los hospitales. Ojalá con esta decisión el juez obligue a las autoridades a cumplimentar la suspensión y reestablecer el abasto de medicamentos oncológicos necesarios para el tratamiento de miles de niñas, niños y adolescentes con cáncer.
Directora Ejecutiva de Impunidad Cero.
@itelloarista