Uno de los temas más invisibilizados de violencia de género en el país es la violencia obstétrica que millones de mujeres embarazadas enfrentan día con día. De acuerdo con la ENDIREH 2016, 3 de cada 10 mujeres que tuvieron un parto sufrió algún tipo de violencia obstétrica en México. La violencia obstétrica tiene dos manifestaciones: la física como son cesáreas injustificadas; la imposición de un método anticonceptivo sin pleno consentimiento; el realizar una esterilización forzada; y la psicológica, como son el recibir gritos y regaños durante la atención; o el que se retrase la atención médica por quejas de la usuaria, entre otras. Esta violencia obstétrica invisibilizada tiene una consecuencia terrible en la vida de millones de mujeres que la padecen día con día y en la de los familiares de las mujeres que incluso fallecen por fallas en la atención médica. Respecto al tema de muerte materna la situación es alarmante, tan solo en un año aumentó en un 38% la razón de muerte materna en el país, que se refiere al número de mujeres que fallecen en el país por cada 100 mil niños que nacen. De 2019 a 2020 pasamos de tener una razón de muerte materna de 34 a tener 47 mujeres que fallecen por cada 100 mil nacimientos en México.

Para hacer visible este grave problema y analizar qué respuesta institucional se les da a las mujeres que padecieron violencia obstétrica, las organizaciones GIRE e Impunidad Cero presentamos esta semana el estudio Justicia Olvidada. Violencia e impunidad en la salud reproductiva. Para este estudio realizamos más de 500 solicitudes de acceso a la información a las instituciones encargadas de recibir quejas y reportes de casos de violencia obstétrica y muerte materna en el país: los OIC de los institutos de salud estatales y federales, las comisiones de derechos humanos locales y la nacional, la Conamed y las fiscalías locales. Además, analizamos algunos de los casos que ha acompañado GIRE de mujeres que buscan justicia respecto a las violencias que vivieron. El resultado fue aterrador y plantea un escenario preocupante de impunidad. Tan solo por poner un ejemplo, la CNDH tardó en promedio 22 meses, desde la presentación de una queja, en emitir una recomendación por violencia obstétrica y tan sólo 15% de las recomendaciones emitidas se había cumplido en su totalidad. La vía penal definitivamente no es una solución para este problema ya que de los 7 estados que tienen tipificada la violencia obstétrica ni uno solo ha logrado una sentencia condenatoria por estos casos.

Esta situación nos alerta de una prevalencia alarmante de violencia obstétrica en el país acompañada de una falta de mecanismos de acceso a la justicia para las mujeres sobrevivientes de estas violencias. Los casos que revisamos muestran la manera en que los planes de vida de millones de mujeres se ven trastocados por falta de acceso a servicios de salud que no las violenten, así como la revictimización que tienen que sufrir al momento de pedir justicia.

Estar embarazada no es una enfermedad, no debería ser un procedimiento médico que implicara violencia para las mujeres ni pusiera en riesgo sus vidas. Este tema nos recuerda la urgencia de analizar las fallas estructurales de nuestro sistema de salud, así como la falta de perspectiva de género en el personal de salud del país. Por otro lado, este tema nos recuerda por qué es tan importante hablar de impunidad en términos no punitivistas respecto a la violencia obstétrica y muerte materna . Sin un sistema que garantice el derecho a la verdad, la reparación integral y las medidas de no repetición para las víctimas, condenamos a que millones de mujeres puedan ser víctimas de violencia obstétrica todos los días.