¿Qué tienen en común la liberación de Juan Collado, la multa del Tribunal Electoral a Morena y el artículo de Tim Golden publicado en ProPublica esta semana? La importancia de rastrear los flujos financieros ilícitos en campañas políticas. Aunque gran parte de la conversación mediática la acaparó el artículo de ProPublica sobre el presunto financiamiento del crimen organizado a la campaña presidencial de 2006 de Andrés Manuel López Obrador, estos tres asuntos expusieron la urgencia y necesidad que existe de analizar el financiamiento ilícito de campañas políticas en México. Sobre todo, tomando en cuenta el periodo electoral que estamos atravesando.
Los flujos financieros ilícitos (FFI) se definen como flujos financieros que son ilegales en su origen, transferencia, o en su uso (UNODC-UNCTAD 2020). Tal y como lo indica esta definición, los FFI abarcan una serie de delitos financieros, como son los delitos relacionados con actos de corrupción, evasión fiscal, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, entre otros. La decisión del juez federal de liberar a Juan Collado estuvo basada, en parte, por la imposibilidad de demostrar el origen ilícito de los recursos con los cuales se adquirió la propiedad por la cual se le investigaba. Este caso pone en evidencia la necesidad de reforzar las investigaciones de corrupción por parte de la FGR. Hacer alarde de un combate a la corrupción sin una seria reforma a la institución federal de procuración de justicia en el país terminará por aumentar la impunidad y la desconfianza ciudadana.
En el caso de la multa del TEPJF al partido Morena, la decisión del tribunal confirmó la determinación del INE de la falta de reporte en gastos de precampaña por 42 millones de pesos. Sin embargo, esta cifra sólo pudo considerar la información sobre el número de propaganda en la vía pública, como espectaculares y bardas. La cantidad de flujos de dinero en efectivo y en especie que se dejaron y se dejarán sin reportar por parte de los distintos partidos políticos sigue siendo una incógnita. Sin embargo, dado que el periodo de precampañas inició antes de lo que indica la ley, se asume que el dinero que se destinó para estos fines es mayor al considerado en los presupuestos que la ley mandata, dado que los periodos de precampaña también se extendieron.
Por último, uno de los temas que sacó a luz el reportaje de Tim Golden publicado en ProPublica es la importancia de los alertadores o denunciantes en investigación de redes de corrupción. Sin embargo, tal y como se señaló en algunas de las críticas que surgieron por este reportaje, los alertadores o testigos protegidos, no pueden ser la única evidencia para sustentar un caso de corrupción. Los alertadores pueden dar a conocer el esquema de operación de las redes de corrupción y proporcionar evidencias claves en un caso, sin embargo, tan sólo son uno de los elementos que se consideran para identificar los FFI.
Lo que estos tres casos revelan es la dificultad de rastrear el origen de los FFI. Sin embargo, también resaltan la importancia de contar con datos para analizar la transferencia y uso de estos recursos. Si realmente se quiere hacer frente al tema de los FFI se tienen que analizar con urgencia estas 3 reformas: el contar con una ley de protección a alertadores y denunciantes de actos de corrupción; la necesidad de contar con un registro central de beneficiarios finales público; así como la necesidad de revertir el deterioro en la calidad de transparencia relacionada con contrataciones públicas en la página de Compranet. A pesar de la dificultad de rastrear y medir los flujos financieros ilícitos en campañas políticas una cosa queda clara: sin datos públicos de calidad que permitan que periodistas, sociedad civil y autoridades puedan analizar los rastros que dejan estos delitos financieros, nuestra democracia está en riesgo.