Una forma particular de la impunidad es cuando se usa la ley para violar la ley. Esto podría parecer a primera vista contraintuitivo o paradójico, sin embargo, casos sobran para hablar de este tipo de impunidad en México y que se asemeja a un uróboro, la imagen que representa a una serpiente mordiéndose su cola. Para empezar se puede poner el ejemplo, mencionado recientemente en un debate acalorado en medios, de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. Es cierto que existe una ley para hacer consultas populares, sin embargo, no se puede invocar la existencia de esta figura para condicionar la aplicación de otras leyes, como las relacionadas a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, o las relativas a la investigación y sanción de delitos relacionados con actos de corrupción. Otro ejemplo de cómo se puede usar la ley para romper la ley son las denuncias recientes de los partidos políticos ante el INE por actos anticipados de pre-campaña de las alianzas opositoras.
Aunque en medios y redes sociales se asume que ya estamos en tiempos de precampaña es importante recordar y recalcar que las actividades, recorridos y ruedas de prensa que están llevando a cabo los posibles candidatos de las dos alianzas son ilegales. Sorprende que en medio de discursos acalorados al momento de registrarse como “aspirantes a candidatos”, en los cuales se menciona el amor por el país, la petición por el debido respeto a los procesos internos, el ansia de acabar con la impunidad y la corrupción se deje de lado este importante detalle. Muchas lágrimas y emociones en medio de un nulo respeto por la ley. Lo que borda en el cinismo es que a pesar de saber que están violando la ley, las dos alianzas utilizan la ley electoral para denunciar ante el INE a sus opositores, pidiendo que se ajusten a lo que dice la misma ley electoral.
Para los que desconozcan este aspecto, es importante señalar que de acuerdo al artículo 226 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales las precampañas inician la tercera semana de noviembre del año previo a las elecciones federales en las que se renueva al Poder Ejecutivo y las dos Cámaras del Congreso de la Unión. Además la ley es clara en mencionar que este periodo no puede durar más de 60 días. Es decir, todo lo que estamos viendo ahorita tendría que ocurrir dentro de 4 meses y medio. La ley también es clara en mencionar que los precandidatos que realicen actos de campaña o proselitismo anticipados se sancionarán con la negativa del prerregistro como candidato.
Ante esto, tanto la alianza del Frente Amplio por México como Morena decidieron recurrir al INE para pedir que sus opositores respeten la ley electoral. En este caso lo que vemos es el uso y abuso de la ley para violar la propia ley electoral, es decir impunidad electoral. Conviene señalar, que este uso de la ley para romperla no es exclusivo de la actual administración o de nuestro país, sin embargo, preocupa el abuso reciente de ciertas figuras legales, como los decretos presidenciales, para violentar lo que otras leyes dicen.
Lo que podría parecer un mero formalismo legal es algo que debería preocuparnos a todos. No sólo porque todos los partidos están violando la ley, sino porque parece ser que nos encaminamos a un escenario de legalidad autocrática. Un escenario en el que además se pone en encrucijada y en entredicho la legitimidad de los pocos órganos autónomos que tenemos, en este caso, el propio INE.
