Este miércoles se entregó el Tercer Informe de Gobierno. Además de lo dicho por el presidente en su presentación oficial, conviene revisar a fondo el informe en su versión escrita, así como algunos aspectos que se desarrollan a más profundidad en el mismo. En esta columna voy a hacer un análisis de lo dicho en el rubro de combate a la impunidad.
En total se hacen 15 menciones al tema de impunidad, sin contar las menciones que se agregan en los anexos. De estas menciones, quiero señalar que, aunque en el propio informe se declara que uno de los objetivos centrales de la actual administración federal es erradicar la corrupción y la impunidad, estos dos temas se tratan como un binomio indisoluble en lugar de dos problemáticas distintas. Es verdad que el combate a la impunidad en actos de corrupción es uno de los mayores retos que enfrentamos como sociedad, por desgracia, no es la única impunidad que nos aqueja y que debería combatirse desde el gobierno federal. Por ello en un primer análisis, sí sorprende que las menciones a la impunidad se relacionen de manera exclusiva al combate a la impunidad en actos de corrupción y no a otras áreas como delitos de alto impacto social como homicidios dolosos (muchos de ellos son cometidos por el crimen organizado por lo que son competencia federal), para los casos de desaparición forzada o la impunidad en violaciones graves a derechos humanos.
Sin embargo, uno de los rasgos que más me sorprendió tiene que ver con el tratamiento que se da en el informe al combate a la impunidad en actos de corrupción desde su vertiente administrativa. Incluso el documento hace mención al tema de la impunidad administrativa y menciona acciones que se han emprendido para erradicar las bajas sanciones a las faltas de los funcionarios. Si bien este tema es uno de los ejes centrales del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública, todo el combate a la impunidad en los delitos asociados con hechos de corrupción pasa un poco desapercibido en el informe de gobierno. Es decir, todo lo que tiene que ver con las acciones emprendidas desde la administración federal respecto al tema de la investigación de delitos de corrupción y el tema de la recuperación de activos como forma de terminar con la impunidad en estos hechos.
Eso no quita que es de reconocerse que desde el gobierno federal se tome con toda seriedad que el combate a la impunidad en actos de corrupción empieza con las responsabilidades administrativas en las que incurren los funcionarios cuando no realizan de forma adecuada su trabajo. Y la importancia del reconocimiento de que el sistema de responsabilidades administrativas es otro sistema, además del penal, con el que cuenta el gobierno federal para hacer frente a este grave problema.
Sin embargo, como ya mencioné, sí es necesario que se empiece a hablar desde el gobierno federal del tema de combate a la impunidad de forma diferenciada del tema del combate a la corrupción. Por más que muchas veces son problemáticas que van de la mano, son temas que merecen propuestas distintas. Sobre todo con la crisis de desaparecidos que tenemos en el país, sumada a la crisis de violaciones graves a derechos humanos y la baja efectividad en procuración de justicia, no se puede dedicar todo el esfuerzo en combatir solamente la impunidad en actos de corrupción. Si el gobierno federal quiere erradicar la corrupción y la impunidad, es momento de tratarlos como problemas relacionados, pero distintos.
@itelloarista
