La reciente orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu marca un momento sin precedentes en la historia del derecho internacional. Por primera vez, una figura política de un Estado alineado con las potencias occidentales es formalmente acusada de crímenes de guerra y contra la humanidad, señalando un giro histórico en la manera en que se percibe la inmunidad de Israel en el escenario global.
La decisión de la CPI representa un golpe directo al sistema de impunidad que ha protegido a líderes israelíes durante décadas. Desde la fundación de Israel, dos corrientes han marcado su historia: una que prioriza la seguridad del estado a cualquier costo, y otra, minoritaria, que aboga por el respeto al derecho internacional como base para evitar repetir las tragedias históricas sufridas por el pueblo judío
El arresto de Netanyahu, si se llega a ejecutar, no solo pondrá a prueba la efectividad del derecho internacional, sino que también redefinirá las dinámicas geopolíticas en torno al conflicto israelí-palestino. Hasta ahora, las acusaciones contra Netanyahu incluyen crímenes como el uso del hambre como arma de guerra y el ataque deliberado contra civiles, ambos violaciones claras de los principios básicos del derecho internacional humanitario.
No obstante, técnicamente, la Corte Penal Internacional carece de un cuerpo coercitivo propio, lo que significa que depende de la cooperación de los estados parte del Estatuto de Roma para implementar las órdenes de arresto. Sin embargo, grandes potencias como Estados Unidos, Rusia, China e incluso Israel no reconocen la jurisdicción de la CPI ni están sujetas a las obligaciones derivadas del Estatuto de Roma, limitando significativamente su alcance. Esta falta de apoyo global convierte la ejecución de estas decisiones en un desafío político más que jurídico.
A pesar de estas barreras, a nivel discursivo, la orden de arresto representa un avance simbólico al deslegitimar la impunidad de líderes políticos que han violado principios básicos del derecho humanitario. Aunque la captura de Netanyahu pueda parecer improbable, el acto de señalarlo como un fugitivo internacional envía un mensaje poderoso sobre el compromiso con la justicia global, incluso en un sistema con notables fisuras.
Para Netanyahu, esta orden de arresto significa su relegación al mismo nivel que figuras históricas como Omar al-Bashir o Muamar Gadafi, un estigma que dificulta su movilidad internacional y limita su capacidad diplomática. Países como Francia, Canadá, Italia y España ya han declarado su disposición a ejecutar la orden si Netanyahu pone pie en su territorio, aunque aliados clave como Estados Unidos y Hungría han rechazado la legitimidad de la CPI en este contexto.
En términos prácticos, el caso de Netanyahu plantea preguntas sobre la capacidad de la CPI para hacer cumplir sus decisiones en ausencia de un poder coercitivo directo. La implementación de esta orden dependerá en última instancia de la voluntad política de los estados parte del Estatuto de Roma y de la presión internacional ejercida por activistas y organismos de derechos humanos.
Durante décadas, Israel ha evitado rendir cuentas por sus acciones en los territorios ocupados, respaldado por sus poderosos aliados y una maquinaria diplomática que desestima los cuestionamientos como actos de antisemitismo. Sin embargo, la orden de la CPI refleja un cambio en esta percepción, un reconocimiento global de que las reglas deben aplicarse de manera equitativa, incluso a los estados aliados de Occidente.
Además, la decisión expone una grieta en la diplomacia israelí: su incapacidad para prever y mitigar las consecuencias legales y políticas de sus políticas expansionistas. Desde los asentamientos ilegales hasta las deportaciones forzadas de palestinos, Israel enfrenta ahora las repercusiones de ignorar sistemáticamente el derecho internacional.
La orden de arresto contra Netanyahu no solo es un hito en la historia del derecho internacional, sino también una advertencia para otros líderes mundiales. El mensaje es claro: ni el poder político ni las alianzas estratégicas eximen a los responsables de crímenes de guerra de rendir cuentas.
Aunque aún queda un largo camino por recorrer para que la justicia prevalezca, este caso podría ser un punto de inflexión en la lucha contra abuso de poder. Al final, el verdadero desafío no reside únicamente en la captura de Netanyahu, sino en la capacidad de la comunidad internacional para garantizar que el derecho prevalezca sobre la política. ¿Será este el principio del fin para la inmunidad de líderes que han cometido atrocidades? ¿O se quedará la decisión en una mera declaración simbólica?
Especialista en temas anticorrupción.
@itelloarista
