“El combate a la corrupción y la impunidad es la mayor prioridad del Gobierno de México”, esta es una frase del segundo informe de gobierno que presentó el Presidente esta semana en Palacio Nacional. Aunque desde el inicio de la actual administración se ha hecho énfasis en este objetivo, no parecemos estar cerca de diseñar e implementar las propuestas correctas para lograrlo. Menciono esto por los temas planteados para “combatir la impunidad” que aparecen en las agendas legislativas del Congreso de la Unión para este periodo que inicia en septiembre.
Si uno revisa dichas agendas, se encontrará nuevamente con la mención a una serie de reformas al sistema de justicia penal que parecen no entender que el problema de impunidad que padecemos es más un problema de desempeño que uno normativo. Para poner un ejemplo, nuevamente se propone aumentar el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, aunque eso en modo alguno ha hecho algo para reducir la impunidad. Durante años nuestros legisladores se han dedicado a crear y difundir narrativas que argumentan que el único camino para salir de esta fosa séptica de impunidad en la que vivimos es creando nuevos delitos, aumentando las condenas y modificando las leyes para que sea mucho más fácil meter a personas en la cárcel. Sin embargo, estas narrativas que podrían parecer tan populares no lograrán resolver los problemas de impunidad que padecemos. Para mostrar por qué no, procederé a analizar una de las narrativas más recurrentes: la idea de que el sistema penal es una “puerta giratoria”.
Uno de los argumentos favoritos de algunos legisladores para reformar el sistema penal acusatorio menciona que dicho sistema es como una puerta giratoria en la que entran y salen fácilmente los delincuentes, porque tenemos un sistema “hipergarantista” que “protege criminales”. En esta visión maniquea y falsa, los operadores del sistema de justicia logran dar una y otra vez con las personas que cometen delitos y se ven obligados a liberarlos por culpa del respeto al debido proceso y a los derechos humanos. Esto es falso. Para probarlo, tan solo basta ver la cantidad de carpetas de investigación que se abren cada año en el país y compararla con el número de detenciones que se logran hacer en el mismo periodo. De acuerdo al Modelo de Evaluación y Seguimiento del sistema penal acusatorio, de enero a septiembre de 2019 se abrieron en todo el país un poco más de un millón y medio de carpetas de investigación. De estas carpetas, el 87% se abrió sin un detenido. Esto quiere decir que, para la mayoría de los delitos que se investigan en México, la autoridad no sabe al inicio quién los cometió. No tenemos datos más allá de septiembre de ese año, dado que la Segob, la dependencia encargada de actualizarlos, no ha publicado dicha actualización.
Sin embargo, en el mismo periodo, se dieron tan sólo 265 mil detenciones, 94% de las cuales se hizo en flagrancia. Esto quiere decir que la mayor parte de las detenciones que se realizan en el país se hacen a personas que son detenidas al momento de cometer un delito. Del resto de carpetas de investigación que inician sin detenido, la autoridad no parece poder determinar quién es el responsable o no puede cumplimentar las órdenes de aprehensión cuando logra identificarlo. La idea de “puerta giratoria” es falsa porque el problema de la impunidad no está en los detenidos que no logran ser investigados y sancionados. El gran problema de impunidad en el país está en que las autoridades ni siquiera logran determinar quién comete los delitos que nos afectan, ni mucho menos detener a los responsables. No tenemos un sistema hipergarantista, tenemos operadores ineficientes en varios estados.
Tal y como lo mencioné antes, el problema de impunidad que tenemos en México no es un problema de que tengamos leyes que protejan criminales, sino de que tenemos algunos operadores ineficientes y corruptos que intentan justificar sus fallas echándole la culpa a las leyes que tienen. Si el problema de la impunidad en México fuera normativo, no veríamos diferencias de desempeños en los estados, lo cual vemos año con año. Intentar arreglar el problema de la falta de respeto a la ley en este país, creando y reformando más leyes, es un total sinsentido. Por eso esperamos que se instale un ejercicio de parlamento abierto antes de modificar más el sistema penal sin tener un diagnóstico adecuado de sus problemas. Todos queremos combatir la impunidad, esperemos que para hacerlo haya un diálogo y un diagnóstico certero.
Directora Ejecutiva de Impunidad Cero
Twitter: @itelloarista
