En su primer informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que el plan de su gobierno se puede resumir con la frase “acabar con la corrupción y la impunidad”. Sin embargo, este objetivo está muy lejos de ser una realidad. De acuerdo al Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías 2019, de Impunidad Cero, la probabilidad en México de que un delito se denuncie y se esclarezca es de tan solo 1.3%. Esto quiere decir que en México la impunidad es superior al 98%. A continuación, mencionaré algunos temas pendientes en la agenda pública si se quiere empezar a disminuir este escandaloso nivel de injusticia.
Mejorar el desempeño de las policías y fiscalías en los estados. Cuando pensamos en impunidad, usualmente volteamos a ver a las autoridades federales creyendo que en ellos está la capacidad de reducirla. Sin embargo, la mayor cantidad de los delitos que ocurren en nuestro país deben ser investigados y sancionados por autoridades locales. Si queremos disminuir la impunidad, tenemos que analizar el desempeño de las policías y fiscalías en los estados. No hay de otra. El cuello del sistema penal siguen siendo las procuradurías y fiscalías estatales, sin embargo, hay fiscalías que están mejor que otras. Para empezar a revertir los altísimos niveles de impunidad necesitamos analizar las buenas prácticas en procuración de justicia a nivel local para mejorar el desempeño en todos los estados.
Mejorar procesos de denuncia. Cuando se analizan las múltiples causas de la impunidad en el país, no puede dejarse de lado la enorme cifra negra. De acuerdo a la Envipe 2019, de todos los delitos que ocurrieron en 2018, el 93% no se denunció. Uno de los principales pendientes para reducir la impunidad es mejorar y eficientar los procesos de denuncia. Las personas difícilmente denuncian los delitos de los que son víctimas por saber la pérdida de tiempo que ello implica. Si se quiere recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de justicia, se deben tener procesos de denuncia mucho más eficaces y ágiles que permitan la denuncia por medio de herramientas digitales y en el menor tiempo posible. Sin embargo, las autoridades no tienen incentivo alguno para hacer esto, ya que por un lado mejorar estos procesos les representará una mayor carga de trabajo y por el otro, si más personas denuncian se interpretará esto como un alza en la incidencia delictiva. Para combatir la impunidad tenemos que salirnos del incentivo perverso que se crea al medir la incidencia delictiva por medio de denuncias y carpetas de investigación.
Mejorar las capacidades de investigación. De los delitos que sí llegan a denunciarse y a ser investigados, muchos son investigados de forma deficiente. Un tema pendiente y urgente tiene que ver con mejorar las capacidades de investigación tanto en las instituciones de procuración de justicia como en las policías. Tal y como mencionó Ana Laura Magaloni en su magnífica comparecencia en el Senado, los abogados no están capacitados para realizar investigaciones criminalísticas. Necesitamos policías de investigación, peritos entrenados, especialistas en las distintas ciencias forenses. Los ministerios públicos deben armar sólidas carpetas de investigación y argumentar sus casos de manera pulcra. Pero si no empezamos a generar el capital humano que pueda realizar investigaciones basadas en evidencia científica, no lograremos reducir la impunidad en los delitos que tanto nos duelen, como el homicidio doloso.
Estas son algunas de las problemáticas pendientes para reducir la impunidad, pero hay muchas más. En lugar de seguir aumentando los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, medida que no reduce la impunidad en modo alguno, volteemos a ver estos temas. Si no queremos un 2020 en el que la impunidad siga arriba del 98% tenemos que cambiar la agenda pública.
Directora Ejecutiva de Impunidad Cero
