¿Se acuerda usted del Panaut? Era un padrón que se aprobó por ley en 2021 con el que se intentó recabar nuestros datos biométricos a través de la creación de una base de datos vinculada a nuestro número celular. Después de miles de amparos, una enorme presión de la sociedad y de los organismos autónomos, la Suprema Corte (AI 82 y 86/2021) invalidó este intento excesivo y desordenado de intromisión por parte del gobierno señalando, entre otras cuestiones, que: “dado que los datos biométricos son datos sensibles requieren una protección reforzada respecto a los principios que rigen el tratamiento de datos personales… En los preceptos impugnados no se prevén obligaciones complementarias de protección, incluso, no se hace referencia a ningún deber de salvaguarda de los datos que se pretenden recopilar”. Asimismo, estableció que el INAI es el organismo competente para la protección de datos personales y que debe ser la ley, y no disposiciones secundarias, la que establezca los límites y pormenores de los datos biométricos, pues se trata de una restricción a un derecho humano.
¿Cuánto les importó esto a nuestros legisladores? Dos pepinos. Con votos a favor de Morena, PVEM, PRI y PT, la abstención del PRD, y la oposición de MC y PAN, se aprobó el 14 de marzo en la Cámara de Diputados la Ley General de Operación de los Registros Civiles que crea el Sistema Nacional de Registro e Identidad (SID), una herramienta informática que sería administrada por la Secretaría de Gobernación en la que se concentrarán todos los datos del estado civil, la gestión de la CURP, así como la vinculación de los datos biométricos de la población. Grave que sea la Segob la administradora; grave también el hecho de que podrán consultar y validar electrónicamente esta información las direcciones de los registros civiles, las oficinas consulares, así como las dependencias y entidades del sector público, sector privado y financiero, y dicha consulta tendrá validez y pleno valor probatorio. El principal problema es que, en este dictamen que ahora está en el Senado, no existen controles, límites, ni restricciones, y dejan al arbitrio del Ejecutivo la regulación, lo que resulta claramente inconstitucional, ya lo dijo la Corte. Las palabras de los diputados María Elena Pérez-Jaén y Braulio López Ochoa durante la votación, fueron contundentes: con cero mecanismos de protección de nuestros datos personales, el riesgo es inminente, y la violación a nuestros derechos humanos, contundente.
No tengo nada en contra de que se legisle para homologar las reglas de los distintos registros civiles como manda la Constitución, pero no sin límites ni controles: desde el gobierno se espía a periodistas y defensores de derechos humanos, se ha documentado la compra del software llamado Pegasus, y la intervención de comunicaciones privadas desde la Sedena, lo que, por cierto, conocimos como consecuencia de una filtración de miles de correos electrónicos y documentos que fueron hackeados por Guacamaya Leaks al ejército; la Secretaría de Comunicaciones suspendió los trámites de autotransporte y aeronáutica federal el año pasado porque su sistema informático fue vulnerado; en 2019, los sistemas de Pemex fueron hackeados y exigían 4.9 millones de dólares como rescate. En este contexto, ¿usted confiaría sus datos biométricos a la Segob? Y no sólo es un tema de protección informática: nuestro sistema jurídico obliga a incluir límites en la ley, y en este caso no existen. En el Senado debe revisarse y modificarse este texto. Esto es gravísimo.
Twitter @soyirenelevy