Los órganos autónomos no son queridos por la izquierda en ninguna parte del mundo, tampoco otras figuras como los ‘think tanks’ ni la sociedad civil. Es cierto, todo esto fue una creación de los dueños de los grandes capitales ante la incertidumbre de los vaivenes políticos. Después de la caída del muro de Berlín, se empezó a instalar más fuertemente la idea de que son los técnicos y no los políticos quienes deben establecer las reglas a través de un modelo compuesto por la autorregulación, estándares técnicos, acuerdos internacionales y organismos autónomos, conformando un poder paralelo que acota al soberano.
Todos los organismos autónomos estorban al poder, pero no todos son iguales: 1) están aquellos que extraen funciones del gobierno por existir un conflicto de interés entre estas y la vida política, como el INE, o la asepsia financiera, como el Banco de México; 2) los que exhiben el ejercicio del poder, como el Inai o la CNDH, y 3) los técnicos, que hacen funciones relacionadas con la economía y que responden a lo que menciono en el inicio de este texto, como el IFT.
La propuesta de desaparición de los autónomos de AMLO no incluye ni al Banxico ni a la CNDH, pero sí al Inai, al IFT y a la Cofece. Las razones para eliminarlos son básicamente dos: la incongruencia de su existencia con su modelo de gobierno, y el gasto que representan. Cada organismo es un caso particular; veamos el del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Tiene atribuciones regulatorias sobre el sector de telecomunicaciones y radiodifusión. Su presupuesto asignado en 2023 fue de mil 600 millones de pesos, monto que palidece ante 68 mil mdp recaudados durante la primera mitad del sexenio. La reforma propone que las tareas del IFT sean absorbidas por la SICT.
Pese a que, en mi opinión, el IFT es el que menos requiere el carácter de autónomo de los que mencioné, es también el que, en la balanza —incluso de la 4T— no conviene desaparecer:
1. Resultaría violatorio del artículo 18.17 del T-MEC. México se comprometió a que su organismo de telecomunicaciones sea autónomo.
2. No habría ahorros por mil 600 mdp anuales. El IFT administra un sector muy técnico y complejo que requiere cuadros profesionales capacitados y con experiencia; la SICT, que desapareció a la Subsecretaría de Comunicaciones en 2020, tendría que crear una estructura para ello.
3. Controlar al IFT. Sólo hay cuatro de siete comisionados, y su presidente, Javier Juárez, termina su encargo en octubre de 2025. Aunque no sería lo ideal, nada impide que nombren perfiles afines a la 4T.
4. La Agencia de Transformación Digital que creará Sheinbaum y que puede estar a cargo de José Merino, no traslapa su objetivo con el del IFT; al contrario, me parece que Merino podría hacer un muy buen trabajo de coordinación.
5. La curva de aprendizaje y adaptación de la nueva estructura podría costar muy cara al país en términos de eficiencia regulatoria y recaudación.
En el análisis costo-beneficio de desaparecer al IFT, aunque entiendo el componente ideológico, estoy convencida de que sería un desgaste innecesario para el inicio del sexenio de Claudia de cara a las negociaciones del T-MEC de 2026.
EN LA SOBREMESA
Mañana y el miércoles 26 de junio se llevará a cabo el Seminario Internacional de Mercados y Regulación Audiovisual SIMRA México. Organizan el IFT, Observacom y la Universidad Carlos III de Madrid, en el cual tendré el honor de participar. El evento será presencial, previo registro, y en línea.
