¿Un año es poco o mucho tiempo para evaluar los avances o retrocesos en un gobierno? Esta pregunta puede contestarse si se cuenta con objetivos y metas detalladas en una línea de tiempo, pero también se debe analizar la necesidad, pertinencia o urgencia del diseño de políticas públicas y su ausencia o avance.
Bien, pues lo que podemos afirmar, es que en este primer año morenista la agenda digital en los hechos no fue una prioridad. En el discurso, el Presidente insistió, en muchas ocasiones, en la necesidad de conectar “todo el territorio del país” a través de la construcción de un red del Estado que aprovechara la fibra de la CFE. Para ello se constituyó, en agosto de este año, una nueva empresa subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, “CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos”, se nombró como su director general al que era encargado de la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia, Raimundo Artis Espriú, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones ya otorgó concesión a dicha subsidiaria. Por otro lado, Salma Jalife, subsecretaria de comunicaciones, publicó el Programa de Cobertura Social, que parece esbozar que la encargada de la política pública en dicha materia será la subsecretaría, pero hasta ahí.
Pero por desgracia no hay mucho más que decir. Es una pena, un desperdicio que un año después no exista una agenda digital que permita conocer cómo o si se avanzará en lo federal en temas como expediente clínico digital, trámites digitales, gob.mx, teletrabajo, teleducación, etcétera; de hecho si uno ingresa al sitio de la estrategia digital nacional, sigue estando la información del gobierno anterior.
Pero el entorno presupuestal tampoco parece muy claro ni optimista. El IFT tendrá un recorte para 2020 de alrededor de 12% respecto a lo solicitado, por lo que ya anunció que habrá cancelación de proyectos. La Subsecretaría de Comunicaciones sólo obtendrá 80 millones de pesos para 2020 frente a los 115 millones de 2019. El programa Internet para Todos (antes México Conectado, que incluía el pago de la red NIBA que daba servicio de Internet a las universidades) bajó de forma importante pasando de 622 a 467 millones de pesos. La subsidiaria CFE Telecom apenas contará con mil 95 millones, y destinará mil millones a la construcción de infraestructura, que no es nada para un proyecto tan ambicioso como el planteado por el Presidente López Obrador.
Los medios públicos de comunicación (Radio Educación, IMER, Canal 11, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 22, Notimex) también han sufrido recortes importantes, de 2 mil 154 millones de pesos que tuvieron en 2018, bajó a 2 mil 65 millones en 2019 y en 2020 sólo obtendrán mil 985 millones. Una política curiosa frente al planteamiento hecho por este gobierno sobre el fortalecimiento de los medios públicos, tendríamos “una BBC mexicana”, ¿recuerda usted?
Pero a todo esto se suman otras cuestiones que abonan a la incertidumbre en el sector:
1. No se sabe cómo, cuándo y con qué presupuesto se logrará la cobertura universal anunciada.
2. Existe un vacío institucional, no hay señales de quién es la cabeza en la coordinación de las políticas públicas del sector telecomunicaciones, más allá de la distribución de funciones y de que el IFT sigue haciendo su trabajo, es menester que el presidente decida de una vez quién será la persona designada para tal efecto y mande la señal.
3. Los aires indican una inminente reforma al marco jurídico en materia de telecomunicaciones y, sin saber aún hacia dónde será, la preponderancia ya agoniza.
4. El adelgazamiento de la red de acceso o última milla como consecuencia del anuncio del acuerdo entre AT&T y Telefónica para que esta última utilice la infraestructura de la primera y devuelva, paulatinamente al Estado, el espectro obtenido en diferentes procesos licitatorios con la desinversión que ello implica.
5. Mala noticia la no disminución del monto de derechos que deben pagar los operadores anualmente por el espectro radioeléctrico.
6. No hay señales de un combate frontal a los actos de corrupción y vandalismo respecto de la infraestructura que pretenden instalar o instalan los operadores en los municipios y localidades.
7. La salida de Gabriel Contreras, presidente del IFT, en menos de tres meses, sin que hasta ahora se haya publicado la convocatoria para sustituirlo.
8. Acaban de modificar la cobertura de concesión de la Red Compartida, el gran proyecto de Peña Nieto que se ha desdibujado con esta administración.
Así pues, un año es mucho tiempo en materia tecnológica y de telecomunicaciones, el costo de oportunidad ha sido enorme, el balance de este año es negativo y el futuro es un gran signo de interrogación.
*Presidenta de Observatel, profesora de la Universidad Iberoamericana. Este artículo refleja su posición personal. Twitter: @soyirenelevy
