El jueves pasado se aprobó en la Cámara de Diputados el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, reviviendo así el Renaut que fue eliminado en 2011 por inservible e incluso por haber aumentado 40% el delito de extorsión telefónica. Todos entendemos que es necesario hacer algo para combatir la delincuencia, pero este no es el camino, no lo es. Lo aprobado presenta graves problemas:
1. Contrario a la presunción de inocencia. El registro de una línea móvil en el Padrón presume la existencia de la misma su pertenencia a la persona registrada y la validez de los actos que se relacionan con el contrato, salvo prueba en contrario.
2. Se cancelará el servicio a quien no registre su información. Esto limitará el acceso a un servicio básico y a un derecho fundamental. No todos habitan en grandes ciudades, la alta marginación y la vida en comunidades apartadas, son factores que dificultarán el registro. Hay personas que ni identificación tienen; les quitarán el servicio si no se registran.
3. Imposibilidad de validación de la información. Nombre, identificación, comprobante de domicilio y hasta datos biométricos tendrán que inscribirse en este Padrón sin que exista un sistema que permita asegurar la autenticidad de la información que se presenta. El CURP de una persona, por ejemplo, cualquiera puede obtenerlo y no está vinculado a una fotografía. Además, existen identificaciones apócrifas o duplicadas con direcciones distintas. Vivimos, por desgracia, en un país informal, sin base confiable de verificación de datos, la gente ni siquiera actualiza su dirección en el INE.
4. Aumentará el robo de identidad y se expondrá a personas de buena fe. Con la captura ahora adicional de los datos biométricos se podría generar un daño terrible a todos los registrados vulnerando su seguridad hasta en sus cuentas bancarias.
5. Manejo de información sensible por terceros. No sólo en un centro de atención Telcel o AT&T se contrata el servicio, también en un Oxxo, por ejemplo, ¿usted confía en que su información y documentación estará segura?
6. Lo pagaremos los usuarios. Serán los operadores quienes deban cubrir los costos y ellos seguramente terminarán reflejando esta nueva carga en los precios de los servicios que usted y yo pagamos.
7. El IFT no es especialista en manejo de datos personales. Más allá del lamentable papel que ha jugado el instituto en este asunto, el hecho de que tenga relación con los operadores de telecomunicaciones no lo hace especialista en manejo de datos personales, no es su función y tampoco tiene ni tendrá el presupuesto ni la estructura para ello, así lo advierte el dictamen. Esto genera un peligro adicional y muy grave.
¿Será que los legisladores creen que los delincuentes van a ir a registrar sus datos? No funciona así, es un problema multidimensional. Es indispensable revisar el tema de los bloqueadores de señal y el control de los celulares en las cárceles, por ejemplo. Lo peor: se generará todo un “nuevo mercado” de delitos como consecuencia de este Padrón, pudiendo llegar incluso al secuestro por un celular.
Sensatez y prudencia en los legisladores y políticos es lo que se requiere ahora, independientemente del partido o ideología, nos están haciendo daño. Ojalá el Senado, que aún deberá revisar estas modificaciones, y Rosa Icela Rodríguez, próxima titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sean sensatos y eviten esta potencial tragedia.
*Presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana en México. Este artículo refleja la posición personal de la autora. Twitter: @soyirenelevy
