Aún no conocemos el texto de modificaciones legales que el senador morenista Ricardo Monreal propondrá en estos días para “regular las redes sociales”, pero preocupa el contexto y la motivación en torno a esta repentina urgencia.
EL CONTEXTO. Fue precisamente en una mañanera cuando AMLO calificó de censura la suspensión de las cuentas de Twitter y Facebook de Donald Trump. Después vino la exposición, en otra mañanera, de la trayectoria de Hugo Rodríguez, uno de los directivos de Twitter México, a quien calificó como “panista” y con ello cuestionó la neutralidad de esa red social. Finalmente, la suspensión de cuentas pro AMLO parece haber sido la cereza del pastel que detonó la vehemencia legislativa de Monreal. Viva la división de poderes.LA PROBLEMÁTICA Y EL ÁMBITO INTERNACIONAL. ¿Es conveniente delinear algunos límites en torno a lo que sucede en las redes sociales? Desde luego, pero es fundamental tener total claridad sobre lo que se quiere proteger y cómo hacerlo: discurso de odio, fake news, mal uso de datos e imagen personales, pornografía infantil, ciberbullying y un largo etcétera, son conductas que afectan a las personas y a la sociedad; en algunas de ellas no habrá duda, pero otras presentan tensión con derechos fundamentales como el de libertad de expresión: entre información veraz y fake news; entre daño a la imagen o exposición de un personaje público, o entre opinión y discriminación puede haber muchos grises.
La experiencia internacional va desde la total censura, como en China, hasta la autoregulación. En Alemania, por ejemplo, se emitió en 2017 la ley conocida como “NetzDG” como reacción de Angela Merkel al discurso de odio generado por su decisión de permitir la entrada a ese país de más de un millón de refugiados sirios. En la Unión Europea encontramos, en Francia y en España, recientes normatividades en un sentido similar al de Alemania que tienen como objetivo primordial evitar y eliminar de las redes contenido de odio, discriminación e información claramente falsa.
MÉXICO. El senador Monreal dijo haber encontrado el común denominador para vincular a estas empresas: el uso del espectro y de las redes de telecomunicaciones, y de ahí que señale al IFT como organismo competente. Pero parte de conceptos equivocados porque el ciberespacio no es mexicano; las empresas de redes sociales no son concesionarias; no prestan servicios de telecomunicaciones ni de radiodifusión; el internet no tiene nacionalidad, los bits y bytes tampoco.
La propuesta de reformas deberá considerar varios elementos, además de los mencionados: 1) contemplar la heterogeneidad del funcionamiento de las plataformas de redes sociales; 2) cómo regular esto sin convertirnos en una isla, considerando el modelo horizontal de regulación del internet; 3) cómo sujetar a ley y jurisdicción mexicana a empresas que no están en México; 4) qué candados agregar para evitar la tentación de tomar ventaja política, así como para no inhibir la libertad de expresión; 5) cómo proteger los datos personales y la propiedad intelectual de la autoridad que conocerá esta información; 6) el amparo contra resoluciones del IFT no admite suspensión.
Es completamente surrealista que vayan a otorgar nuevas facultades a un organismo que ellos mismos quieren desaparecer, pero más surrealista es que tanto les preocupe y traten de evitar que suceda en las redes sociales, lo que vivimos a diario en las mañaneras: fake news, datos sin corroborar, acusaciones sin pruebas, discurso de odio, ataque a la imagen de individuos y empresas. Predicar con el ejemplo, le llaman.
Presidenta de Observatel y comentarista de Radio Educación. Twitter @soyirenelevy
