Los organismos autónomos han sido blanco de constantes y serios ataques por parte del presidente López Obrador y muchos defendemos su existencia y prevalencia. El INAI, el INE, la Cofece han respondido a estos ataques con acciones concretas, comunicados y hasta tuits que destacan la importancia de su condición de autónomos, pero llama la atención la abulia del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Preocupa su silencio y escandaliza aún más su complicidad con ciertas decisiones que atacan, no sólo su autonomía, sino sobre todo su razón de ser, su médula.
En el caso del Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), fue precisamente el comisionado Sóstenes Díaz del IFT quien, durante el foro que realizó la Cámara de Diputados (minutos 28 y 47) el 30 de noviembre pasado, sugirió que se incorporen los datos biométricos a este registro, ¿fue su idea? probablemente no y eso es aún más preocupante.
Pero una vez que la existencia del Panaut se concretó con su publicación en el Diario Oficial el 16 de abril , el IFT debió haber reaccionado firmemente en su contra, simplemente porque su creación contradice el mandato primordial que ordena la Constitución a este autónomo: garantizar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Y afirmo que lo contradice porque si usted no registra sus datos biométricos no tendrá acceso a servicios móviles, es más, será desconectado.
El Panaut no es un registro de telecomunicaciones sino de seguridad, así lo establece la propia norma que lo crea “su único fin es el de colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia”, ¿por qué entonces el instituto fue designado para operarlo? Con este mandato, el legislador ha puesto al IFT en un conflicto grave: ¿conectar o desconectar? Le ordena vía ley lo contrario a lo que le mandata la Constitución y que encarna su finalidad última. Es por ello que el instituto tiene la obligación de interponer una controversia constitucional para que sea la Suprema Corte la que desenmarañe esta contradicción, si no lo hace estaría renunciando a su designio primordial y habrá rendido la plaza.
La Cofece puso el ejemplo en junio del año pasado cuando interpuso una controversia contra la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional porque consideró que “ incide de manera grave y trascendente en su esfera de actuación al impedirle promover y proteger la competencia y libre concurrencia en el mercado eléctrico ”, y la Corte le dio la razón resolviendo que “ el Acuerdo impugnado obstaculiza el cumplimiento de las finalidades constitucionales que se encomendaron a la Cofece. ”
Pero no lo harán, quizás algo tuvo que ver la reunión que realizaron sus comisionados con el presidente López Obrador hace unos días. En todo caso, lo único que escuchamos del IFT a propósito del Panaut, es su preocupación presupuestal: ¿de dónde sacarán el dinero para operar este registro? Esa es su lucha y con ello han marcado distancia entre nosotros y ellos, entre la preocupación ciudadana y la concepción que tienen sus comisionados del organismo. Mientras usted y yo buscamos cómo evitar ser expuestos y desconectados, ellos buscan presupuesto para implementar la desconexión.
En la sobremesa
Michel Hernández Tafoya ha asumido la dirección general de Observatel. Estupendo y agudo abogado comprometido con los objetivos de la organización. Enhorabuena.
