No podemos decirnos sorprendidos. El presidente López Obrador ha atacado a los organismos autónomos de diferentes formas desde que llegó al poder. No le gustan. A todo gobernante que pretenda centralizar el poder y el presupuesto le estorban porque para eso se crean, como contrapeso del poder político.
Los organismos autónomos son una excepción al principio tripartita de división de poderes: no pertenecen al Ejecutivo, ni al Legislativo, ni al Poder Judicial. Cuando existe un conflicto entre lo políticamente conveniente y lo que técnicamente se debe resolver, la regla es que ganará la decisión política. Imaginemos que, en época de elecciones, una empresa de televisión solicita una prórroga a su concesión, si la decisión está en manos del político, sus incentivos para resolver serán completamente distintos a los del funcionario cuyo puesto no depende de esas elecciones.
Pero la discusión sobre la desaparición de los organismos autónomos no debe justificarse por “lo mucho que gastan” o “sus grandes estructuras de personal” ese es un falso debate, taquillero, pero falso. La realidad es que estos organismos están diseñados en nuestra Constitución para defender (garantizar) varios de nuestros derechos fundamentales. El INAI, el IFT, la Cofece tienen como objetivo y fin último, hacer valer prerrogativas como el derecho a la información, el acceso a internet, la transparencia, el derecho de las audiencias, la competencia, entre otros.
Podemos discutir si lo han hecho bien o mal y cómo podrían hacerlo mejor, pero su desaparición no debería ser parte de la agenda porque entraña un daño irreparable a nuestra democracia.
El problema lo podemos sintetizar así: cuando Peña Nieto designó a Virgilio Andrade secretario de la Función Pública para investigar el expediente de corrupción de la casa de las Lomas conocido como “la Casa Blanca”, todos sabíamos desde el inicio que el resultado sería la exoneración, ¿o alguien imaginó que acusaría al presidente o a la primera dama? Un subalterno no condenaría a su jefe. Ahora bien, cuando el presidente López Obrador sugiere que las labores del INAI pasen a la Secretaría de la Función Pública, está actuando igual que Peña.
El Presidente quisiera decidir todo y las atribuciones que otorga la Constitución a estos organismos son muy seductoras: sanciones y límites a grandes empresas por daño a la competencia, medios de comunicación, transparencia. La tentación de tener todo el poder es natural, por eso los contrapesos son indispensables para la democracia; destruir a los autónomos es un paso en firme hacia el totalitarismo, es regresivo en materia de derechos fundamentales y en desarrollo democrático.
Pero para desaparecerlos, se requiere una reforma constitucional aprobada por 2/3 partes del Legislativo y sólo tienen esta mayoría en Diputados, y en junio podrían perderla, de ahí la prisa. Lo que veremos en las próximas semanas será la simulación, como no pueden desaparecer al IFT porque violaría el T-MEC, seguramente revivirán la iniciativa del Senador Monreal u otra similar como “justo medio” entre la propuesta radical del presidente para que las secretarías absorban sus funciones, y la de Monreal de crear otro organismo supuestamente autónomo que engulla a tres: IFT, Cofece y CRE. La oposición en el Senado aquí será clave ya que es la única fuerza que podía detener esto.
La desaparición de los autónomos que propone el presidente López Obrador es, en resumen, como si un equipo de futbol invita a otro a jugar un partido con árbitros elegidos, contratados y pagados él… ¿usted iría? Yo no.
Presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana en México. Este artículo refleja la posición personal de la autora.
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