Ayer todos aplaudimos de pie. La nota la dio Arturo Zaldívar quien votó por invalidar el decreto de reformas a las leyes de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, conocidas como “la primera parte del Plan B electoral”. Sin embargo, todo esto podría tratarse de una victoria pírrica. ¿Por qué?
El año pasado, también por un proyecto del ministro Pérez Dayán, se invalidó la contrarreforma de 2017 que “descremaba” los derechos de las audiencias establecidos en la ley de telecomunicaciones de 2014. La razón: violaciones en el procedimiento legislativo. Muchos celebramos porque, como nos parecía lógico, quedaba vigente la ley reemplazada, es decir, la de 2014. Sin embargo, en una nota enviada vía WhatsApp por el área de Comunicación de la Corte, a cargo del entonces presidente Arturo Zaldívar, se le hizo saber a los medios que el máximo tribunal no había declarado la “reviviscencia” y que, por lo tanto, la ley de 2014 no revivía, quedando así un vacío legal que tendría que llenar el Legislativo con una nueva regulación.
Inmediatamente, y mucho antes de conocer el engrose (la sentencia en detalle), el Legislativo eliminó de la versión oficial de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión los artículos de la contrarreforma del 2017 y también de la del 2014, (ver por ejemplo el artículo 216) quedando los derechos de las audiencias literalmente borrados de nuestra legislación.
A pesar de que Observatel y otras organizaciones solicitamos el 21 de septiembre de 2022 a la SCJN que se aclarara el sentido de los efectos, dada la nota de la Corte y la eliminación de todos los artículos de ambas versiones por el Legislativo, el engrose no aclaró nada y las cosas quedaron así. Todos los ministros callaron ante nuestra petición y ante la atrocidad del legislador.
El día de ayer pasó lo mismo: el ministro Pérez Dayán propuso invalidar esta parte del Plan B electoral por violaciones graves al procedimiento legislativo; con 9 votos a favor del proyecto, los efectos fueron declarar la invalidez del decreto de reformas del 27 de diciembre de 2022, pero nada se dijo sobre la reviviscencia. ¿Qué significa esto? Pues lo mismo que en el caso de los derechos de las audiencias. No revive la ley anterior y los legisladores de Morena podrían, sin temor alguno porque hasta ahora la Corte no dijo nada sobre ello, eliminar por completo los preceptos que se modificaron en el Plan B, así como también los originales, con lo que nos quedaríamos sin la columna vertebral de la Ley General de Comunicación Social. Gravísimo.
Lo que pasó ayer es una gran irresponsabilidad de la Corte por no haber aclarado nada al respecto, máxime la existencia del precedente de las audiencias. El Pleno de la Corte debe salir, sin dilaciones, en la próxima sesión, a aclarar que los efectos incluyen la reviviscencia de la anterior legislación, de lo contrario las consecuencias son peores que habernos quedado con el Plan B y aun así habría que ver si la votación alcanza para ello. No podemos esperar al engrose, la incertidumbre sería enorme. Peor aún será en la segunda parte del Plan B cuya resolución aún está pendiente, si se invalida y no declaran vivos los artículos anteriores, es el paraíso de AMLO, nos quedaríamos sin sistema electoral. ¿Será que por eso Arturo Zaldívar votó a favor de la invalidez?
Lamento agüitar la fiesta, pero si no hay cambios en los efectos, estamos ante una auténtica victoria pírrica. ¿En serio ningún ministro consideró este problema? ¿La ministra Piña no pensó en estas consecuencias dado el precedente del año pasado? Difícil pensar que fue solo un olvido.
Abogada, presidenta de Observatel y comentarista de Radio Educación. Twitter @soyirenelevy
