Hay una extraña obsesión del senador Ricardo Monreal por todo lo relativo a telecomunicaciones, radiodifusión, contenidos, redes sociales y lo digital en general, ¿qué lo motivará? El 12 de septiembre de 2019, Monreal presentó la iniciativa conocida como “reforma del 30%”, en la que se modificaba la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para obligar a los proveedores de contenidos digitales —como Netflix o Amazon— a solicitar autorización al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a garantizar que al menos 30% de su catálogo estuviera conformado por producción nacional generada en México.
Esa iniciativa, aunque se aprobó en primera lectura el 24 de marzo de 2020, se dejó morir, entre otras cosas, porque atentaba contra el T-MEC y otros tratados. Sin embargo, el tema volvió a aparecer camuflajeado hace unos días en la iniciativa que abroga la Ley Federal de Cinematografía y expide la Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual. Aquí el recuento:
El 1 de febrero pasado, el senador Monreal presentó la iniciativa en la que contenía, tanto para el cine como para plataformas digitales, la obligación de incluir al menos en 10% de su catálogo, “obras cinematográficas y audiovisuales nacionales, independientes y de calidad” cuya producción no exceda 20 años atrás (art. 19 y 20). En el artículo 35, se definía por productor nacional independiente una persona mexicana, titular de derechos patrimoniales de la misma y sin vínculo directo o indirecto con empresas de radiodifusión o comunicación de producción, conglomerados de medios o agentes económicos con poder sustancial en cualquiera de los sectores de la industria, o sea Grupo Televisa.
Pero esta iniciativa duró dos semanas en línea y fue sustituida por otra, del 16 de febrero, que es la que podemos consultar en el sitio web del Senado, en la que el porcentaje mínimo de contenido nacional aumentó de 10% a 15% para cine y plataformas digitales, se modificó la antigüedad de 20 a 25 años y desapareció la palabra “independiente”, es decir, quedó la obligación de que sea de un productor nacional que no sea controlado por el exhibidor o esté sujeto a un control común con una empresa del mismo grupo de interés económico del mismo, pero ya no exceptúa a empresas o grupos con poder sustancial.
Al igual que la iniciativa de 2019, el proyecto de ley viola los compromisos de México en el T-MEC. Como explicaron miembros del Congreso de Estados Unidos, y una multitud de asociaciones comerciales (i.e. la Cámara de Comercio de Estados Unidos, ALAI, AmCham México, entre otras), la imposición de requisitos de contenido local violaría los artículos 14.10 y 19.4.1, además de limitar la libre expresión y la elección del consumidor, distorsionar el creciente mercado audiovisual y sofocar la inversión y la competitividad
Pero más allá de las posibles violaciones al T-MEC, preocupan mucho los tumbos. En junio del año pasado, el mismo Monreal formulaba la desaparición del Instituto, mientras hace sólo unas semanas le otorgó súper poderes en su iniciativa que regula las redes sociales. En septiembre de 2019, el mismo senador Monreal proponía al IFT como reguladora del porcentaje nacional de contenidos digitales, y ahora propone a la Secretaría de Gobernación. En septiembre de 2019, se buscaba 30% de contenidos nacionales, el 1 de febrero de este año 10%, y dos semanas después 15%. Hace tres semanas se consideraba que el contenido nacional mínimo debía excluir a dominantes, ahora ya no. ¿En serio?
Presidenta de Observatel y comentarista de Radio Educación.
Twitter: @soyirenelevy
