Le decía a un colega la semana pasada: “ya no es lo duro, sino lo tupido”, refiriéndome a lo que pasa en México con varios de los proyectos legislativos que hoy están en la agenda del Congreso de la Unión. Son todos preocupantes y ameritan un estudio particular a fondo, pero en este corto espacio le hablaré del proyecto de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que ahora se discute en parlamento abierto en la Cámara de Diputados. Y afirmar que “se discute” es un poco osado, porque fíjese que las comisiones unidas de ciencias y tecnología, y de educación, ya elaboraron el anteproyecto de dictamen en cuya página 171 se establece que “la propuesta incorpora la visión de los Centros de Estudio y las preocupaciones de la ciudadanía vertidas durante el parlamento abierto”, cuando sólo se han realizado dos de las siete sesiones a las que el acuerdo obliga.
Se trata de un proyecto que proviene de la reforma constitucional de mayo de 2019, en el cual se reconoció el derecho humano a la ciencia y se obligó al Congreso a expedir una ley general, estableciendo las bases de coordinación entre Federación, estados y municipios, lo que no está mal. El problema es el texto del proyecto, como lo dijo el doctor Antonio Lazcano en su ponencia: “La propuesta de ley que elaboró el Conacyt busca la implantación de un sistema centralista e ideologizado de una ciencia de Estado, imponiendo prioridades desde el gobierno y restringiendo la libertad de investigación; para lograrlo, pretende acabar con la evaluación de pares, ejercer control total sobre los centros públicos de investigación, excluir a las universidades públicas y privadas de la definición de la política científica y dejar a la ciencia en un limbo presupuestal”.
Por su parte, la Red ProCienciaMx, destaca que la ley viola el artículo primero constitucional al diferenciar a los investigadores y estudiantes por la institución a la que estén adscritos, no incluye mecanismos para la formación de nuevos científicos y no tiene perspectiva de género.
Todo indica que la instrucción es apresurar el proceso y votar la ley lo antes posible burlándose de la ciudadanía, de los científicos y de las instituciones que, creyendo en el proceso, han acudido y planean asistir a las sesiones de parlamento abierto. Una vergüenza. Preguntemos al diputado Javier López Casarín, del Partido Verde y presidente de la Comisión de Ciencias, ¿por qué la simulación?
LEY MINERA Y OTRAS LEYES EN PROCESO DE REFORMA
Están en puerta también reformas profundas a diversas leyes, esencialmente administrativas, que insertan la ideología estatista del gobierno de López Obrador, creando un régimen de incertidumbre para la inversión privada. En la iniciativa de modificaciones a la Ley Minera, por ejemplo, se propone disminuir el plazo de las concesiones de 50 a 15 años, con derecho a prórroga por una sola ocasión: estos plazos no son compatibles con la realidad económica de la minería; se establece la posibilidad de asignaciones directas a entidades paraestatales federales sin concurso, e incluye como causa de revocación de las concesiones hechos supervenientes de interés público, general o social, o que causen algún tipo de desequilibrio económico, social o ambiental o de cualquier otra índole, o sea, una total discrecionalidad. Se ve difícil el panorama legislativo.
Morena y aliados no parecen capaces de contradecir una coma de su amo. De aprobarse como fueron propuestas estas leyes, vendrán tiempos aún más complicados para la inversión y el desarrollo en México.
Abogada, presidenta de Observatel y comentarista de Radio Educación
Twitter: @soyirenelevy
