De entre las iniciativas preocupantes de reformas legales que están en la mesa, además de la que ya hemos abordado sobre la desaparición de tres organismos autónomos de la que, por cierto, ya se cocina una nueva versión para presentar en septiembre, se encuentran otras dos también del senador Ricardo Monreal : a la Ley Federal de Derechos de Autor y al Código Penal Federal.
Iniciativa Monreal a la LFDA.
Este documento que se aprobó ayer domingo en las comisiones de cultura y estudios legislativos del Senado sin discusión alguna, pretende incluir todo un capítulo nuevo llamado “De las medidas tecnológicas de protección, la información sobre la gestión de derechos y los servicios de internet” que, a la manera de los anteriores intentos conocidos como “Ley Sopa” y “Ley Pipa” , pretende erigir a los proveedores de servicios de internet y a los de servicios en línea (por ejemplo aquellos que almacenan contenidos que circulan en la red) en jueces de contenido. Así, un proveedor debe retirar un contenido que se encuentra en línea sólo porque una persona se lo solicite alegando que es de su autoría y que no existe autorización para ello, pero la iniciativa no establece ningún requisito relacionado con la acreditación de la autoría ni un procedimiento que garantice el derecho de audiencia al supuesto infractor antes de su retirada, lo que violenta el principio de presunción de inocencia y la libertad de expresión. En caso de que los proveedores no cumplan, se establecen cuantiosas sanciones que van desde los 867 mil a los 17 millones de pesos.
Iniciativa Monreal al Código Penal Federal.
La anterior iniciativa va de la mano también con otra que modifica el Código Penal Federal para incluir penas de hasta 10 años de prisión a quien eluda medidas tecnológicas de protección y que será discutida el día de hoy en las comisiones unidas de justicia y estudios legislativos a las 10 am .
Así explica los peligros de esta iniciativa el documento de la Red en Defensa de los Derechos Digitales “R3D” :
“Las medidas tecnológicas de protección son, en esencia, candados digitales impuestos por fabricantes o desarrolladores de hardware y software que pretenden impedir el acceso o copia de la información contenida en dichos equipos y sistemas, con el (supuesto) objetivo de impedir infracciones a sus derechos de autor. Sin embargo, los candados digitales que un sinfín de dispositivos y sistemas poseen actualmente no sólo impiden potenciales infracciones a derechos de autor, también obstaculizan el ejercicio de derechos y el desarrollo de actividades que benefician al interés público y requieren eludir dichas limitaciones para ser llevadas a cabo. Por ejemplo:
· Pacientes, investigadores y médicos necesitan eludir candados digitales para conocer, fabricar, mejorar o reparar dispositivos fundamentales para el cuidado de la salud como marcapasos o respiradores mecánicos;
· Personas con discapacidad resultan excluidas de algunos de sus derechos a menos que se puedan eludir candados digitales con fines de accesibilidad, como puede ser el caso de algunos libros electrónicos;
· Usuarios de tecnología y tecnólogos necesitan eludir candados digitales para desarrollar y consumir tecnología que garantice compatibilidad e interoperabilidad, con fines de innovación, preservación o para evitar la obsolescencia programada…”
No creo que deba permitirse la piratería ni la violación a los derechos de autor, pero me parece que iniciativas como estás, que no escuchan ni incorporan inquietudes de la sociedad, no son democráticas porque no comprenden todas las visiones del tema. El T-MEC (artículo 20.90 g) , otorga tres años a México para implementar reformas al marco regulatorio a partir del 1 de julio, fecha en la que entra en vigor el Tratado, entonces ¿cuál es la prisa? Además, resulta increíble que los senadores voten iniciativas de esta magnitud en comisiones sin discusión alguna, sería bueno preguntarles de qué se trata lo que votaron, le aseguro a usted que más de uno no tiene la menor idea.
EN LA SOBREMESA.
Otra iniciativa preocupante es la del diputado por Morena Sergio Mayer, presidente de la comisión de cultura y cinematografía, que pretende modificar también la Ley Federal del Derecho de Autor para imponer una “remuneración compensatoria” que supuestamente será para los autores de obras, aunque en realidad será cobrada por las sociedades de gestión colectiva, y que se traduce en un pago único por cada dispositivo electrónico que se venda. Usted y yo lo pagaremos al comprarlos y los fabricantes y vendedores de dichos aparatos serán los obligados a entregarlo, los equipos importados serán gravados desde su entrada al territorio nacional. Pero si ya pagamos por escuchar música o leer libros en las plataformas de internet, ¿por qué volver a pagar? dirá usted… y lo mismo digo yo.
